La visión errada de Hacienda, sobre los trabajadores independientes, genera injusticias y problemas a futuro que serán difíciles de revertir. La regulación va en contra del trabajo independiente y peor, hasta ahora a favor de industrias altamente cuestionadas: el sistema de pensiones; privilegiadas con una comisión obligatoria, y al sistema privado de salud, quienes ofrecen, ahora, a los independientes, menos beneficios a un mayor costo.

La unión de trabajadores y trabajadoras a honorarios del Estado señaló, en enero, que el número de trabajadores del Estado a honorarios es cercano a las 373 mil personas. Un informe de Hacienda señaló que, la misma cifra, corresponde al total de trabajadores contratados y a honorarios del Estado, en el cual se "estima" que cerca de un 15% serían a honorarios. (55 mil personas). Buceando entre cifras no pude dar con un número exacto, pero, ya sean 55 mil o 373 mil personas la conclusión es única: son demasiados, si consideramos que gran parte de ellos, debieran tener un contrato fijo con el Estado.

Los trabajadores informales a honorarios tienen todo el resguardo de la ley y de la temida inspección del trabajo, sí demuestran que existe supervisión o un horario y mientras el empleador sea un privado, ya que en el caso de los "informales" que trabajen en el Estado no pueden demandar a su empleador; un trabajador informal en el sector privado puede hacer valer sus derechos, pero un empleado fiscal, no.

La percepción que todo trabajador independiente es un trabajador "informal", nace del Estado, sin duda. No obstante, se están tomando las medidas equivocadas, al obligar a todos los independientes, fiscales o no, a asumir el costo de las leyes laborales, a pesar que, en muchos casos, estás son inaplicables; como los casos de pre y post natal, licencias médicas, vacaciones, aguinaldos, días administrativos y otros, que hacen de los seguros –obligatorios- y de gran parte de los gastos obligatorios en salud, costos sin beneficios.

Conjuntamente, se está creando un problema: Las leyes laborales tienen un costo cercano al 15% y la retención es del 10%. Los independientes deberán tener ahorrado el 5% de sus ingresos anuales para no convertirse en deudores "laborales". De quedar en deuda, las empresas –privadas- podrán aplicar todos los costos de cobranza que la ley les permita.

La regulación es injusta e ineficiente, y creo que la génesis está en la percepción de informalidad del trabajo independiente. Se está castigando el esfuerzo de muchos y se está dejando sin solución la injusticia laboral para tantos más.

En Chile, el empleo es escaso y muchas veces precario y los injustos costos laborales para los independientes hacen aún más difícil el sustento para miles de chilenos. La lista de problemas que trae consigo las obligaciones a independientes es mucho mayor a los pocos beneficios que estos recibirán; o al reducido número de cuestionadas empresas privadas que se beneficiarán con las medidas, de Hacienda.