Columna de Sylvia Eyzaguirre: ¿A quién le importa cómo está pelado el chancho?

Foto: Andrés Pérez



El Estado recauda dinero para financiar los bienes y servicios que provee a los ciudadanos. La mayor parte del financiamiento de estos bienes y servicios proviene del bolsillo de todos los habitantes, en especial de la clase media, pues el IVA recauda el 41% de los ingresos del Estado. Esta cifra es una de las más altas a nivel internacional y contrasta con el magro 10% que recauda el impuesto a la renta. Este desbalance en las fuentes de ingreso del Estado nos interpela éticamente a la hora de gastarlo. La eficiencia en el gasto del Estado no es solo un principio utilitarista, sino que en primer lugar es ético.

¿Cree usted que es ético sacarle el 20% de los ingresos a las familias más vulnerables del país para luego malgastar ese dinero, ya sea en programas mal evaluados o de frentón en programas que no son otra cosa que favores políticos para satisfacer el clientelismo? La respuesta para nosotros los ciudadanos es evidente, pero lamentablemente no lo es para los parlamentarios. En momentos críticos como los que vivimos, donde más que nunca se requiere del Estado para apoyar a las cientos de miles de familias que se han visto afectadas por la recesión económica y un Estado que ha visto reducido sus ingresos en cerca de 20%, algunos parlamentarios ya han levantado sus voces para defender a raja tabla programas pésimamente mal evaluados, que además impactan negativamente en la cohesión social. Algunos han defendido mantener estos programas porque dan trabajo, pero ¿cuántos más trabajos podría generar este dinero si lo gastáramos mejor? ¿Cuántas más personas se verían beneficiadas si usáramos estos recursos en quienes más los necesitan?

Para que se hagan una idea, este año el Estado financió cerca de 700 programas, cuyo presupuesto supera los US$ 30 mil millones. ¡Solo entre 2014 y 2018 el número de programas aumentó en 50%! Si miramos más en detalle estos programas, observamos que la mitad del presupuesto se va en financiar programas claves como la subvención escolar, la gratuidad en educación superior, los planes de alimentación y pensiones, pero el resto de los programas tiene un costo anual de US$ 15 mil millones. Da rabia ver la indolencia con que se gastan estos recursos.

Dentro de estos US$ 15 mil millones encontramos 350 programas, cuyo costo anual por programa es menor que US$ 3 millones. ¿Qué tipo de programa estatal permite cumplir sus objetivos con tan magro presupuesto? ¿Cómo se logra una focalización que no sea arbitraria? ¿Qué impacto tienen estos programas? No hay que ser genio para darse cuenta que la razón de ser de muchos de estos programas chicos es clientelismo político. Según la evaluación que llevó este año a cabo la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el 30% de los programas no tiene indicadores adecuados para medir su cumplimiento y el 40% de los programas no tiene una focalización adecuada. Esta evaluación no muestra los resultados de la ejecución de los programas, sino que más grave aún, estas falencias están en el diseño mismo de los programas. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Estado de Chile transfiere el doble de dinero a las personas del quintil más rico en comparación con las del quintil más pobre. Esto es consecuencia directa de cómo el Estado gasta sus recursos. ¿No es esta evidencia indignante? ¿Cómo es posible que se tolere esta inercia en el presupuesto de la nación? ¿O es que la injusticia social solo importa a la hora de los discursos y la recaudación de votos?

La próxima semana se inicia el debate presupuestario. Para avanzar en mayor justicia social no solo se requiere una política de recaudación progresiva (algo que la derecha suele descuidar), sino también una política de gasto progresiva y eficiente (algo que la izquierda suele descuidar). Sobre impuestos hemos discutido bastante, ahora le llegó la hora al presupuesto.

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