SEÑOR DIRECTOR:

Los médicos que trabajamos en salud privada y pública entendemos, valoramos y apoyamos los cambios que el país exige en cuanto al acceso a salud digna y de calidad para toda la población, sin discriminación de género o social y en la medida que dichos cambios sean graduales y en beneficio de los pacientes, en consonancia con todos los actores que participan en la salud, tanto pública como privada.

El articulado aprobado por la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional indica: “Los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento”. Este inciso, provoca incertidumbre en quienes trabajamos en salud porque afecta el funcionamiento de un sector relevante en la atención de salud.

Es necesario responder las siguientes preguntas: ¿El sistema público puede absorber más de 20 millones de consultas al año que se hacen en el sistema privado? ¿La migración de pacientes desde el sistema privado reducirá la oportunidad de atención a los pacientes con menos recursos? ¿El sistema público será capaz de absorber más de un millón de procedimientos y cirugías al año en un escenario de desaparición del sistema privado? ¿Afectará la calidad de la atención? ¿Tendrá efecto en la innovación en salud al desaparecer o debilitarse las iniciativas de inversión en salud? ¿Está preparado el sistema público para no contar con las más de 1.000 camas críticas que el sistema privado aportó al sistema integrado de salud?

Una mala decisión no solo afecta a los actores adscritos al sistema privado, sino que afecta a la totalidad de los pacientes, tanto públicos como privados, especialmente de quienes tienen menos recursos.

Ivar M. Vidal Mora

Pdte. Agrupación de Médicos de Clínica Indisa

Nicolás Guiloff S.

Pdte. Asociación de Médicos de Clínica Dávila

Andrés Fantuzzi Selle

Pdte. Asociación Médica Clínica Santa María