El gobierno anunció un segundo plan económico de emergencia para paliar las consecuencias que el aislamiento social está provocando en la economía. El plan está dirigido a proteger más, y de mejor forma, la actividad económica y los ingresos de los trabajadores informales sin acceso a los fondos de cesantía. Este nuevo plan, por US$ 5.000 millones, se suma a los US$ 11.750 millones del primero de finales de marzo. Una parte importante de estos nuevos recursos servirán para mover fondos adicionales del sistema financiero y aumentar la disponibilidad de crédito en la economía.

Lo más importante hoy es proteger a las personas contra el virus, luego resguardarlas financieramente de forma de llevar este encierro de la mejor forma posible. Existen dos formas de colaborar en el aspecto financiero. La primera es ir directo con recursos a los más vulnerables, que el plan lo hace, y lo segundo es que las empresas solventes, afectadas por el desplome en la demanda que ha ocasionado el aislamiento social, puedan enfrentar de mejor forma el bache transitorio. Tener empresas funcionando para cuando retomemos los niveles de actividad económica luego del coronavirus es crucial para que la recuperación económica sea lo más rápida y menos costosa posible.

Los US$ 3.000 millones destinados al Fogape (Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios), se estima que podrían transformase en US$ 24.000 millones de nuevos créditos para Pymes. Esto es un apoyo adicional no menor, que podrán así compensar la caída en ventas con un crédito con garantía estatal para empresas con ventas de hasta un millón de UF, esto es, el 98% de las empresas existentes y que explican un 84% del empleo. El monto del crédito será de hasta tres meses de ventas, más seis meses de gracia, luego del cual deberán pagar la deuda en hasta 48 meses. Estos recursos no podrán ser utilizados para repartir dividendos a los dueños, prepagar créditos anteriores o prestarles a empresas relacionadas.

A pesar de que aún no se dispone de información de las tasas de interés, es de esperar que los bancos, que serán las instituciones que tramitarán los créditos, exijan tasas de acuerdo a la realidad y del riesgo inherente. Es decir, un crédito con garantía estatal tiene de por sí bajo riesgo, con lo cual las tasas finales debieran reflejar dicha condición, además de los costos fijos relacionados a la tramitación de cada crédito.

Si será suficiente, dependerá de la evolución del contagio. Es decir, si se controla en tiempo y forma la propagación del virus, como ha sucedido hasta ahora, entonces los recursos parecerían suficientes. Sin embargo, si la crisis sanitaria dura más de lo esperado, y por lo tanto las necesidades de aislamiento social más prolongadas, entonces el esfuerzo podría ser insuficiente. Otro aspecto relevante en el éxito de los planes del gobierno es que las partes involucradas actúen lo más diligentemente posible, pues las demoras y negligencias son graves en las circunstancias actuales.

En conclusión, creo que el esfuerzo del gobierno ha sido oportuno, dada la premura de la situación y ajustado a la realidad de la situación fiscal del país, que sin duda sería mucho mejor de no haber existido el vandalismo y saqueo post 18/O. Es bueno observar y analizar la situación de los otros países de la región, pues son pocos los que han demostrado la eficacia sanitaria del gobierno de Chile, como también son muy escasos los que tienen la posibilidad, gracias a 30 años de manejo fiscal austero y políticas públicas pro crecimiento, de levantar la cantidad de recursos para ir en ayuda de los más vulnerables.