Por César Barros, economista

Las tan denostadas AFP no solo han demostrado la maravilla de poder decir “esta platita es mía, y no me la quita nadie”, sino además la rapidez, la eficiencia y la transparencia del sector privado en su funcionamiento. Compárenlo con cualquiera de los procesos de subsidios aprobados por el Estado: miles de papeles, certificados y declaraciones, y luego colas interminables. Mientras tanto, los parlamentarios de oposición insisten en reemplazar con este Estado ineficiente, tramitador y cruel a empresas privadas que sí funcionan “al toque” para entregar la plata que les confiaron y sin trámites macondianos.

Pero la entrega del 10% trajo otra sorpresa: más de 400.000 solicitudes al Poder Judicial para retener de esas platas pensiones alimenticias en mora.  Y con esto giro al tema del estado de derecho en Chile, al rol del Poder Judicial y al de las policías. 

¿Es normal que la inmensa mayoría de los condenados a entregar pensiones a sus exparejas e hijos vivan en total impunidad? ¿Dónde están jueces, fiscales y policías? ¿Existe el estado de derecho para esas madres y esos hijos? Uno no deja de sorprenderse cada vez que se atrapa algún delincuente por portonazos o robos con violencia: normalmente tienen decenas de órdenes de detención y condenas. ¿Por qué andan sueltos? ¿Nadie se hace cargo de estos personajes que son un claro y actual peligro para la sociedad? Y esa impunidad es un llamado a que sigan delinquiendo. Los parlamentarios acusan a los jueces. Otros a los fiscales. O a las policías: pero al final, parece que nadie tiene la culpa. Sin embargo, ahí están los delincuentes sueltos,  continuando en “su trabajo”. 

Y vamos a otro ámbito: durante este año se han quemado más de 500 camiones en La Araucanía. Esto sin contar incendios de casas, balaceras, tomas ilegales, descarrilamientos de trenes y ataques con explosivos. 

El gobierno manda una ley “para endurecer las penas a los atacantes de camiones”. Uno se pregunta, ¿qué sentido tiene esa ley, si a los infractores no los encuentran, ni los detienen y tampoco los procesan? Esa ley -como tantas otras- es solo un gesto vano a la galería. Aquí el problema no es de nuevas leyes: es que a quienes incendian, balean, descarrilan y destruyen nadie los encuentra, los detiene y los juzga. “El Ministerio del Interior interpondrá una querella contra quienes resulten responsables”, ¿cuántas veces lo hemos escuchado?, ¿cuál ha sido el resultado de esas querellas? Aquí se van de Herodes a Pilatos, los jueces, los fiscales, las policías y el gobierno. Pero el resultado final es la misma impunidad que vemos en los cientos de miles de padres irresponsables con sus hijos y parejas. Lo malo es que a los terroristas no se les puede castigar a través de las AFP, una pena, porque se ha demostrado ser el mejor proveedor de justicia masiva. Quien ha impuesto alguna pena ha sido el sector privado, a través de las tan odiadas AFP.

¿Creen ustedes que un “ente público” se habría atrevido a retener las pensiones alimenticias a 400.000 fulanos y/o a entregar en tiempo y forma la plata que se les confió? Seguro que no, porque el reclamo por RR.SS. de 400.000 infractores los atemorizaría tanto o más que los incendiarios del sur. Escucharíamos lo de siempre: “el ministerio tal o cual ha iniciado querellas contra quienes resulten responsables”, y fin de la historia.