Parece que el gobierno no aprende la lección. Primero agotaron los recursos del FEES (Fondo de Estabilización Económica y Social), un fondo pensado para emergencias, pero que terminó financiando gasto corriente. Ahora, con la misma creatividad, se propone reemplazar el CAE con el Financiamiento Público de la Educación Superior, el FES. Bajo la consigna de sacar a la banca del financiamiento estudiantil y reducir la morosidad, han ideado un sistema de financiamiento público, con pago después de egresar contingente al ingreso durante 20 años, con un impuesto implícito a los egresados que podrían terminar pagando tres veces lo financiado.

Lamentablemente, el proyecto adolece de problemas de diseño que muchos economistas han destacado. Un futuro médico o ingeniero con proyecciones de ingresos elevados enfrentará la decisión obvia de evitar este mecanismo. ¿Para qué endeudarse con el Estado que promete cobrarle, durante veinte años, mucho más de lo que realmente costó su carrera? La banca privada, hasta hace poco parte del problema, se vuelve repentinamente atractiva frente a semejante propuesta estatal. El resultado será que quienes podían sostener el nuevo sistema se marcharán (selección adversa), dejando al fondo revolvente sin vueltas y sin recursos.

Otro problema de diseño tiene que ver con la informalidad laboral. En un país donde un tercio de los trabajadores no cotiza, este mecanismo aumenta los incentivos para que los egresados opten por empleos informales o cuenta propia (riesgo moral). Así, cuando llegue el momento de pagar el préstamo, quienes no coticen no tendrán rentas que puedan ser gravadas. Un incentivo perverso que ningún PowerPoint ministerial va a mostrar, pero cuya consecuencia será menos recaudación, menos recursos y más problemas fiscales.

No es casualidad que, a inicios de 2022, la morosidad del CAE rondaba el 48% y hoy bordea el 60%, impulsada por las promesas de condonación, la alta informalidad laboral y un desempleo persistentemente alto (8,7%) que las autoridades parecen naturalizar. Reemplazar bancos por Estado sin abordar estos problemas estructurales es solo trasladar la bomba financiera a la billetera fiscal.

Como si fuera poco, el Estado decidirá arbitrariamente cuánto cuesta formar a cada profesional. Imagine a un funcionario público decidiendo el costo de educar a un neurocirujano o a un ingeniero estructural especializado en ingeniería sísmica. Esta intervención no solo podría generar desequilibrios financieros significativos, sino que amenaza directamente la autonomía universitaria, uno de los pilares fundamentales para la generación de conocimiento, la innovación y la excelencia académica. Basta mirar la experiencia reciente en el hemisferio norte respecto al condicionamiento en la asignación de fondos públicos a algunas universidades para entender lo peligroso que puede ser este camino.

En definitiva, el FES no es más que un FEStín de errores. Una política supuestamente solidaria que termina siendo un impuesto encubierto al éxito, un incentivo a la informalidad laboral y una grave amenaza a la calidad y sostenibilidad de la educación superior. Lamentablemente, parece una secuela de las reformas que, blandiendo banderas de educación gratuita y de calidad, terminaron destruyendo la educación pública secundaria.

Chile requiere un sistema que minimice los problemas de selección adversa y riesgo moral, considerando explícitamente la alta informalidad laboral y la estrechez fiscal. Es necesario focalizar adecuadamente los recursos públicos, evitando subsidios indiscriminados, y respetando la autonomía universitaria. Solo así se garantiza calidad educativa y la formación efectiva de capital humano avanzado.

Como cantaba Pink Floyd: “Money, it’s a crime. Share it fairly, but don’t take a slice of my pie”. Parece que alguien confundió compartir equitativamente con sacar tajadas arbitrarias del éxito de los egresados.

*El autor de la columna es profesor titular UC y Visiting Scholar Columbia Business School