Agua: propiedad o bien público

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Tras meses de audiencias y discusión, la Comisión de Agricultura del Senado, esta por concluir la votación de la Reforma al Código de Aguas que busca esencialmente declarar a las aguas, en todos sus estados, como bienes nacionales de uso público y establecer la prioridad para el consumo humano y el saneamiento, especialmente frente a un escenario de escasez.

Además del acceso prioritario para agua potable y subsistencia y la protección del recurso hídrico ya aprobados por los senadores en su segundo trámite constitucional, queda pendiente un tema clave; definir si los nuevos derechos de agua serán otorgados como PROPIEDAD  PERPETUA  o como CONCESIONES TEMPORALES sobre este bien público de todos los chilenos.

A fines de 2016 la Cámara de Diputados y tras casi 9 años de tramitación, aprobó que los nuevos derechos de agua fueran otorgados como concesiones temporales a un plazo máximo de 30 años, prorrogables de acuerdo a la disponibilidad y sustentabilidad de la fuente de agua.

Esta normativa que constituye un gran avance para la justicia y la seguridad hídrica, también fue aprobada en 2017 por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, además de la extinción de derechos de aquellas personas o empresas que acaparan el agua, pero no la  utilizan, afectando a comunidades y sectores que si la requieren.

El proyecto original, con respaldo de la oposición y la sociedad civil, crea la figura de concesiones temporales de una duración máxima de 30 años, prorrogables si existe disponibilidad y protección de la fuente.  Sin embargo, el Ejecutivo, el oficialismo y el gran empresariado agrícola y eléctrico quieren que éstas no sean concesiones sino que se sigan otorgando como propiedad perpetua y mediante gestiones de último momento, el gobierno impulsa la aprobación de una indicación que retrotrae este avance para futuros derechos y pretende que se mantengan perpetuos.

La ex Nueva Mayoría hoy tiene una presencia mayoritaria en la Comisión de Agricultura, al ser presidida por el senador PS Álvaro Elizalde e integrada por Carmen Gloria Aravena (ind. Der), Juan Castro (RN), Adriana Muñoz (PPD) y Yasna Provoste (DC) por ello sería una extraña e insólita señal que se apruebe la indicación promovida por el Ejecutivo.

Recordemos de todos modos que en 2017 mientras se votaba en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la Nueva Mayoría se unió a la derecha para mantener figura propietarista de derechos de aprovechamiento de agua haciéndose eco de las acusaciones de  la derecha sobre la inconstitucionalidad de la figura de concesiones y los parlamentarios votaron a favor de revertir lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el Chile de 2020 es otro tras el 18 de octubre de 2019, donde no sólo la sequía de 10 años y la crisis hídrica exigen mayor responsabilidad y compromiso de parte de los parlamentarios a la hora de legislar por el bien común, sino que tras el estallido social es la sociedad entera, la que exige cambios radicales, particularmente en la forma de gestionar los recursos hídricos de todos los chilenos.

La aprobación de la reforma al Código de Aguas, sin indicaciones de último minuto que intenten desmantelar su espíritu, es clave para enfrentar las graves inequidades de acceso al agua potable que se acentúan en el país.

La crisis hídrica que actualmente golpea a la población más vulnerable, especialmente rural, además de la mayor escasez que trae el cambio climático exige que el gobierno y el parlamento aceleren la aprobación de las normas que permitan terminar con la sobreexplotación del agua, la desigualdad en el acceso y establecer las bases para la seguridad hídrica, sin la  cual  no habrá  paz social.

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