Una característica típica del pensamiento autoritario es la ansiedad por petrificar su forma de organización del Estado. Ni qué decir de los totalitarismos, Hitler, Stalin y Mao, tenían verdadera obsesión por protegerse de eventuales conspiraciones y por asegurar el sistema más allá de su vida.

La democracia tiene algunas pocas reglas pétreas: un conjunto básico de derechos y de preceptos que permiten a los ciudadanos, en intervalos razonables, cambiar a los gobernantes mediante el voto libre, secreto e informado. Las normas supra mayoritarias buscan dar estabilidad a esos derechos y a los preceptos básicos del sistema democrático. Más allá de estos principios esenciales todo es debatible y, eventualmente, modificable.

Para la mentalidad autoritaria es intolerable y aterrador que el Estado, el leviatán al que considera indisolublemente unido a su persona y a su proyecto, pueda ser administrado por sus adversarios y más aún, la posibilidad de que sea “desmantelado” o desnaturalizado, como cuando se pone efectivamente al servicio de la diversidad de proyectos de vida propios de una sociedad libre.

Del viejo dicho ese de Luis XIV, que afirmaba “el Estado soy yo”, pasamos al “el Estado es nuestro”, tan propio de los regímenes de los Castro, del Chavismo y del populismo corrupto del peronismo kirchnerista. Que el aparato público sea administrado por la derecha es una anomalía y que sea concebido para fines diferentes, una perversión, que es necesario evitar a como dé lugar. Después de todo, parecen pensar, la derecha ya tiene las empresas, las universidades privadas, los centros de estudio y los medios de comunicación. No pueden querer sacarnos también de aquí.

Por eso, nadie debiera sorprenderse con el intento del gobierno de dejar “amarrados” a una cantidad importante de funcionarios públicos, con una norma subrepticia y de última hora, mediante la triquiñuela de una indicación en la ley de reajuste del sector público. En el mismo sentido se entiende la intención de designar a la ex defensora de la niñez y hoy asesora en el Ministerio de Justicia, Patricia Muñoz, como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, pese a que tendrá licencia maternal por los primeros seis meses, luego de los cuales contará con fuero por un año más.

En el fondo, esa compulsión autoritaria al amarre, para impedir el pleno ejercicio de las potestades del gobierno que los chilenos eligieron, es el mejor anticipo del tipo de oposición que se puede esperar a contar del 11 de marzo. Por eso, el dilema del PS y de los otros partidos de centroizquierda, que alguna vez presumieron de identificarse con la socialdemocracia europea, por recuperar ese camino o seguir diluidos en la izquierda latinoamericana, es una decisión de hoy, no de mañana.

Al final, los jóvenes de puño en alto y arrestos revolucionarios, terminaron evocando la vieja frase de Franco que, pocos años antes de terminar su gobierno, anunciaba que dejaría “todo atado y bien atado”.