Es de esperar que, ahora sí, el Ministerio Público investigue a fondo las versiones provenientes de Brasil sobre la campaña de Michelle Bachelet. Ya antes la fiscal a cargo tuvo la oportunidad de indagar sobre la autodenuncia realizada por el empresario Leo Pinheiro, a la que se suman las palabras del asesor de imagen Duda Mendonça acerca del supuesto aporte y otros indicios que sugieren tratos irregulares con la firma constructora brasileña OAS. Pero no se avanzó casi nada, lo cual impide conocer la verdad acerca de acusaciones que involucran a personalidades de primera línea.

Esta vez han aparecido datos más concretos: el monto de la contribución ($101 millones), el nombre del supuesto intermediario (Lula da Silva) y del presunto receptor de los fondos a través de un contrato de asesoría ficticia (Martelli & Asociados). Ojalá ello facilite indagar con exhaustividad, para así erradicar las aprensiones de que la Fiscalía no ha mostrado en este caso toda la diligencia y proactividad que debió haber exhibido.

No bastan afirmaciones como la expresada por el Fiscal Nacional acerca de que "nadie está por encima de la ley", la reacción indignada de algunos de los presuntos implicados ni poner las manos al fuego por Bachelet. Lo que se necesita es una indagatoria seria, justo lo que no ha habido hasta ahora en este caso, a diferencia de lo que ocurrió con Marco Enríquez-Ominami, quien sí fue investigado por la Fiscalía cuando surgieron acusaciones de vínculos con OAS.

Los indicios y declaraciones son demasiado numerosos –y los personajes involucrados por Pinheiro demasiado relevantes— como para que esto nuevamente quede en nada y sea archivado. Lava Jato ha dado pie a investigaciones contra altas autoridades en muchos países de América Latina. Parece incomprensible que en Chile no ocurra algo similar cuando aparecen testimonios comprometedores.

Lo anterior no implica que el resultado esté predeterminado ni que deba prescindirse de la presunción de inocencia. Significa más bien que no corresponde que en un país como este, que se precia de tener instituciones que funcionan, la Fiscalía no sea capaz de conducir una indagatoria independiente, examinar las denuncias, ponerlas a prueba y acusar o desistir sobre la base de información incontrarrestable que ella misma ha recabado.

No debería suceder que, ante imputaciones de gravedad, una vez más nuestra justicia termine encogiéndose de hombros. Eso le hace mal al sistema, daña la confianza de la opinión pública en él y perjudica el prestigio de las personas cuya reputación está siendo manchada por la aparición periódica de testimonios que las acusan de haber cometido irregularidades o de ser beneficiadas por aportes ilegales.