Eso dijo el Presidente Boric cuando salió a la luz la llamada que hizo a la psiquiatra Josefina Huneeus para inquirir detalles sobre cuentas bancarias y abogados relacionados con el caso Procultura, fundación dirigida por Alberto Larrain, exesposo de Huneeus. Nos enteramos de ello por la intervención de teléfonos de Larraín que solicitó el fiscal Patricio Cooper y autorizó el tribunal.

Josefina Huneeus presentó un recurso de amparo a la Corte de Apelaciones de Antofagasta alegando que ese teléfono era ocupado por ella, con lo cual la intervención afectaba su derecho a la privacidad. La apelación fue acogida.

Y cayó el fiscal Cooper.

El fiscal nacional Ángel Valencia lo removió del caso designando en su reemplazo al fiscal Juan Castro, 4 horas después de emitido el fallo; un fallo que no estaba siquiera ejecutoriado y podía ser apelado.

Aunque Huneeus no participara directamente en los delitos por los que se acusa a ProCultura (fraude al Fisco, tráfico de influencias, lavado de activos y otros, por más de 6.000 millones de pesos), por su conocimiento de acciones ejecutadas por la fundación podría tener, al menos, la calidad de encubridora según el escrito de apelación presentado por el fiscal Juan Castro, reemplazante de Cooper.

¿Qué señal entonces quiso entregar el fiscal Valencia? ¿Obsecuencia ante el poder? Así se ve su decisión: si un caso se acerca a Boric se remueve al fiscal investigador. Que se acogiera el recurso de amparo de Huneeus, no justifica que Valencia removiera a Cooper. ¿No se habrá apresurado?

Las filtraciones debieran terminar, pero son una práctica extendida que debe abordar el Ministerio Público. No es correcto que se influya en los fallos revelando información en etapa de secreto.

Una pesada carga recae ahora sobre Valencia y el fiscal Juan Castro. El país espera una actuación con diligencia debida, considerando lo avanzado de la investigación del caso más grave de corrupción durante el gobierno de Boric; quien, para más remate, se involucró en él al inquirir detalles a Josefina Huneeus. Si no hay pronto formalizaciones y acusaciones contra quienes defraudaron al Fisco disfrazados de filántropos (se especula que estaba lista la formalización a Alberto Larraín) la trama de la impunidad sería completa.

Juan Castro parece entenderlo así y presentó una apelación al fallo que acogió el recurso de Huneeus, arguyendo que la acción de amparo fue utilizada como una vía de revisión de resoluciones judiciales, cuando el ordenamiento jurídico no la consagró para esos efectos. También alega que el fallo de la Corte de Antofagasta hace afirmaciones que van más allá de lo jurídico. Nuevas grabaciones publicadas por The Clinic demuestran la participación de ProCultura en la campaña presidencial de Boric. Si hay impunidad, el daño a las instituciones será mayor.

Por Luis Larraín, presidente Consejo Asesor Libertad y Desarrollo