SEÑOR DIRECTOR

Respecto a la reciente aprobación de la eliminación de cárceles concesionadas en la Convención Constitucional, creemos relevante entregar evidencia del funcionamiento que han tenido en Chile.

Las cárceles concesionadas comenzaron a funcionar en nuestro país el año 2005, como parte de un plan de ampliación de la infraestructura penitenciaria, considerando la obsolescencia y hacinamiento en varios recintos construidos por el Estado y consideraba la construcción de 10 cárceles, de las cuales ocho se encuentran en operación. La concesión consideraba el diseño, la construcción, el mantenimiento de la infraestructura de los recintos penitenciarios y los servicios de alimentación, hotelería y reinserción entre otros por un plazo de 20 años. Este modelo es diferente al de cárceles administradas por privados como existen en Estados Unidos o Inglaterra.

El 2013, desde Fundación Paz Ciudadana realizamos una evaluación de impacto del sistema de concesiones carcelarias con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ella, al comparar las cárceles concesionadas con las del sistema tradicional, no se encontraron diferencias en la reducción de reincidencia delictual entre ambos modelos. Parte de los problemas, son atribuibles a la rigidez de los contratos de largo plazo, que no permiten adaptar la oferta de servicios a una criminalidad cambiante. Por eso, en otros países, los contratos se suscriben en plazos más acotados -cinco años en Inglaterra. Sin embargo, en otras áreas vinculadas como la habitabilidad, las cárceles concesionadas resultaron mejor evaluadas.

En base a dicho estudio, se propuso una serie de mejoras al sistema, partiendo por una reforma a la Ley de Concesiones que reconozca las particularidades de la construcción y operación de los recintos y cambios en los contratos, que permitan, por ejemplo, exigir un pago contra resultados en materia de reducción de la reincidencia delictual, que a la fecha no se han materializado.

En atención a lo anterior, resulta prematuro proponer la eliminación de este sistema, sin efectuar ajustes a los contratos y a la Ley de Concesiones que permitan mejorar su funcionamiento; y repensar las áreas que se entregarán a los privados, especialmente en materia de reinserción social, aspecto clave en materia de seguridad ciudadana.

Daniel Johnson

Director ejecutivo

Fundación Paz Ciudadana