Cárceles especiales

SEÑOR DIRECTOR:

Hace algunos días, el fiscal nacional propuso la construcción de cárceles de máxima seguridad para líderes del crimen organizado. Para aportar con la necesidad de generar respuestas efectivas contra este tipo de criminalidad, proponemos tres reflexiones basadas en evidencia criminológica.

Primero, la respuesta carcelaria debe ser planteada formando parte de un conjunto de estrategias integrales de política criminal que contemple prevención, control y reinserción social. La efectividad de una cárcel de máxima seguridad guarda estrecha relación con el respeto del Estado de Derecho, y con la actuación de los sistemas de justicia y de ejecución ajustada a los principios democráticos y los estándares de derechos comprometidos por el Estado a nivel internacional.

Segundo, la severidad del régimen carcelario no necesariamente genera disuasión. Medidas duras como el aislamiento prolongado, no solo son ineficientes en reducción de reincidencia, sino que generan profundos daños en las personas que los viven. Es necesario confrontar la idea de que el respeto de derechos y la seguridad son rutas opuestas en la gestión carcelaria.

Por último, una cárcel de alta seguridad no funciona como una isla. Se instala dentro de un sistema carcelario que, en el caso de Chile, tiene profundas falencias en términos de condiciones materiales y de vida, y que, pese al alto costo que representan en gasto público, no ha demostrado ser una respuesta efectiva contra la criminalidad. La construcción y funcionamiento de una cárcel de máxima seguridad suponen una elevada inversión económica y una gestión carcelaria especializada. En el escenario actual puede parecer la panacea en el control del crimen organizado, y debemos plantearnos la legítima pregunta sobre la eficiencia de este tipo de establecimientos.

Carolina Villagra y Olga Espinoza

Académicas Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana, Fac. de Gobierno, U. de Chile