Una de las cosas más dolorosas que vivieron los familiares de víctimas de la dictadura fue ver que en la prensa oficialista de entonces se trataba a sus seres queridos como “presuntos” desaparecidos. Un adjetivo que ponía en duda los masivos secuestros y desapariciones forzadas que padecieron miles de chilenos por parte de agentes del Estado.

Luego, la centro-izquierda logró poner las cosas en su lugar, con los informes Rettig (1991) y Valech (2004), cuya contundencia permitió establecer sin asomo de duda que en Chile hubo masivamente desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros, tortura y prisión política. La palabra “presunto” había quedado atrás.

De hecho el caso de Bernarda Vera -una ex mirista que figura como desaparecida en el Informe Rettig, pese a que está viva en Argentina-, no tiene la fuerza como para alimentar un negacionismo como el de la dictadura. Entre otras cosas, porque no se conoce todavía su historia ni la de su familia, la que puede seguir siendo la de una víctima.

Tal vez se trate de un fraude a las políticas de reparación y un forado en la administración de este tema, por lo que deben adoptarse medidas judiciales y burocráticas de manera urgente. Pero, aún así, se trataría de algo excepcional, en un hondo mar de casos, cuya apabullante magnitud crea zonas oscuras que pueden provocar estímulos perversos para los aprovechadores.

Pasó en Argentina con los casos de Adrián Martínez Moreira y Matías Ezequiel López, quienes se hicieron pasar por familiares de desaparecidos paraguayos de la dictadura transandina. También en Francia, a propósito del caso Bataclán, donde Cédric Rey fingió ser una víctima de este caso que costó la vida de 137 personas que cayeron acribilladas en una discoteca de París por terroristas islámicos en 2015. En ambas situaciones se trata de fraudes en los intersticios de políticas de reparación que deben implementarse en situaciones complejas y contingentes.

Todavía falta por verse si estamos ante un caso similar, pero lo que no podemos olvidar es que la macabra “política” de desaparición de personas fue justamente para crear incertidumbre, privando a los tribunales de la evidencia tangible de los crímenes, bajo el entendido de antaño que reza “sin cuerpo no hay delito”, con lo que se buscó crear una ambigüedad jurídica capaz de crear un marco para la impunidad. Una estratagema que costó décadas derrotar mediante cambios diametrales en la doctrina jurídica, pese a lo oprobioso de los casos, como lo fue la Operación Retiro de Televisores de 1975, en el cual por orden de Augusto Pinochet se exhumaron fosas clandestinas para luego tirar cuerpos de víctimas al mar.

Más allá de Bernarda Vera, hay una amenaza en ciernes, en instancias en que instituciones tales como la Subsecretaría de Derechos Humanos y el INDH se encuentran en escenarios políticamente incómodos e institucionalmente imposibles, dado el limbo en que quedaron tras el estallido social y el actual reflujo restaurador. Un clima de demanda tecno-autoritaria (un “gobierno de emergencia”, dice José Antonio Kast) que -en aras de mayor seguridad- propicia el adelgazamiento de garantías y prácticas que buscan prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos (DD.HH).

Una situación que además representa una amenaza política para la centro-izquierda, si es que no pone freno a estas tendencias. No se trata solo de la necesaria esgrima para enfrentar el negacionismo. También es fundamental avanzar en la protección de los DD.HH. de hoy, y en la creación de políticas contundentes en materia de memoria, como lo fueron los informes Rettig y Valech, y como debiese ser un Plan de Búsqueda cuyos resultados marquen un legado y un antes y un después, diferente a esta historia, que solo será alimento para cuervos.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho constitucional, Universidad de Chile.