Ahora todos parecen alarmados. Las imágenes desde la frontera con Perú, las declaraciones oficiales y los anuncios de urgencia se multiplican. Pero lo cierto es que actualmente empezamos a ver solo las primeras manifestaciones tardías de un problema profundo y mal gestionado durante años: la inmigración ilegal masiva que ha ingresado al país sin control, sin orden y sin una política coherente.

Durante mucho tiempo las advertencias fueron ignoradas, minimizadas o incluso ridiculizadas. Se evitó enfrentar la dificultad por temor a parecer inhumanos o intransigentes. Se confundió la legítima preocupación por la seguridad y la soberanía con discursos ideológicos de exclusión. Mientras tanto, miles y miles de personas ingresaban irregularmente por pasos no habilitados, sin registro, sin identidad, sin ningún marco institucional capaz de absorber esa presión migratoria de forma digna y eficaz.

El resultado está a la vista. Lo que alguna vez se quiso presentar como un fenómeno temporal o controlable ha derivado en una creciente crisis social y de seguridad pública; pronto podría llegar a ser también humanitaria. Porque no basta con discursos (tal vez) bienintencionados: los impactos concretos de la inmigración ilegal desbordada afectan severamente a todos los ciudadanos, pero muy especialmente a los más vulnerables.

Son ellos quienes conviven en barrios donde la sobrecarga de servicios básicos —salud, educación, vivienda, transporte— es más notoria. Son ellos quienes enfrentan con más dureza el aumento de la informalidad, la competencia laboral desleal, la inseguridad en sus entornos. Y son ellos también quienes menos capacidad tienen para trasladarse, denunciar o protegerse.

A esto se suma una verdad incómoda pero ineludible: el actual gobierno ha sido negligente e inoperante. No solo no reaccionó a tiempo, sino que favoreció un discurso complaciente, más preocupado por no incomodar a grupos cercanos que por proteger a los ciudadanos. La falta de voluntad política y la pasividad institucional permitieron que el fenómeno se desmadrara, generando consecuencias que ahora afectan la vida cotidiana de millones.

El país necesita retomar el control de su política migratoria. Y eso implica establecer reglas claras, exigencias mínimas y canales formales que permitan una integración real. Lo contrario —la permisividad sin límites— no es solidaridad, es abandono. No ayuda a los migrantes honestos ni a los ciudadanos locales: solo favorece a las redes criminales que lucran con el desorden. En este contexto, la expulsión de los extranjeros ilegales es en la actualidad -ya era ayer- una necesidad.

Chile no resiste más improvisaciones, negaciones, ni teorías ideológicas. Es momento de actuar con coraje, con seriedad y con sentido de país. El futuro requiere liderazgo firme y decisiones efectivas. No se trata solo de custodiar una frontera, sino de recuperar la dignidad de un Estado que ha dejado de cumplir sus funciones más básicas. Y el tiempo para hacerlo —como bien saben millones de chilenos— ha llegado.

Por Álvaro Pezoa, director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, Universidad de los Andes