En la discusión legislativa actual abundan los proyectos de ley que aspiran a resolver automáticamente problemas complejos con soluciones aparentemente simples, pero que no obstante pueden crear múltiples externalidades.

Uno de ellos es el que adelanta por la vía de la obligación legal el proceso de descarbonización que el gobierno había iniciado con las empresas eléctricas. A mediados del año pasado, el Ejecutivo había anunciado un acuerdo voluntario con las principales generadoras del país para el cese programado y gradual de generación eléctrica a carbón hasta el cierre definitivo en 2040. Sin embargo -y desconociendo el acuerdo reciente-, un grupo de diputados de oposición presentaron un proyecto de ley que adelanta el cierre definitivo de las plantas que generan a carbón a 2025, forzando su cierre 15 años antes de lo ya acordado.

El principal objetivo del proyecto es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, para conseguirlo propone simplemente prohibir -en forma discriminatoria- una de las fuentes de emisiones, el carbón, sin considerar otras que tienen incluso aportes mayores al registro de emisiones. El contrasentido es que de avanzar una iniciativa como ésta el reemplazo más probable en generación de base será el diésel, más caro que el carbón e igualmente contaminante.

El proyecto no se hace cargo de las externalidades que este cambio supone. De aprobarse la iniciativa, los clientes no regulados podrían verse expuestos a precios más altos de energía eléctrica con una matriz que, en el escenario más probable, durante un tiempo no será necesariamente más limpia. Por su parte, el reemplazo súbito del 38,5% de la matriz es impracticable, sobre todo porque esto implica reorientar geográficamente la matriz de generación, para lo cual es imprescindible una nueva línea de transmisión.

Pero más complejo aún es que, dado que altera compromisos contraídos con el Estado y que podría colisionar con garantías constitucionales, el proyecto no reconozca necesidad de indemnización para las empresas afectadas. Otros países de referencia que han implementado programas de descarbonización han compensado a las compañías que han retirado plantas de generación a carbón. El acuerdo de carácter voluntario entre el Ejecutivo y las generadoras tenía la virtud de no abultar el gasto fiscal. No es descartable que de prosperar una iniciativa como esta se abra espacio para la judicialización, y por tanto debería considerarse como una variable más dentro del proceso de evaluación.

Para el país es importante avanzar hacia una matriz energética amigable con el medioambiente y competitiva en costos. Las favorables condiciones que aquí existen para el desarrollo de energía renovables no convencionales deben ser aprovechadas al máximo, tal como de hecho ya sucede. Pero el adelantamiento del cierre de las centrales a carbón requiere análisis mucho más exigentes, a fin de asegurar que los beneficios de dicha medida son superiores a los costos que implica, tarea que no puede ser eludida por el Congreso.