Seis trabajadores muertos. Un directorio que descubre que su administración le ocultó datos técnicos durante dos años. Una fiscalía que incauta los dispositivos del presidente del directorio de Codelco. La opinión pública ya dictó sentencia. Pero llevo más de dos décadas estudiando cómo funcionan —y fallan— los directorios, y lo que veo acá es bastante más complejo que los titulares.

Partamos por lo que sabemos. Tras el estallido de roca de julio de 2023 en Andes Norte —el mayor evento sísmico en la historia de El Teniente—, ejecutivos entregaron al regulador información que el directorio luego calificó como afectada por “inconsistencias y ocultamientos”. Esos datos alimentaban el modelo de riesgo sísmico. Si estaba contaminado, las decisiones de seguridad posteriores descansaban sobre arena. Tres ejecutivos fueron removidos en febrero de 2026. Pero de ahí a “cárcel para el directorio” hay un salto que ni la indignación ni la nueva ley garantizan.

Para condenar penalmente a un director, la fiscalía tiene que cruzar tres puentes que el debate da por cruzados.

Primero, el normativo: ¿qué deber infringió quién? Con miles de personas en la faena y contratistas con mando propio, eso no se responde con un titular. La Ley de Delitos Económicos exige que el cuasidelito se cometa “con infracción de los deberes de cuidado impuestos por el giro”. Precisión, no generalidades.

Segundo, el causal. ¿Habría evitado la tragedia de 2025 haber reportado bien en 2023? La sismicidad es inherente al método de hundimiento. Demostrar que con datos correctos esas galerías habrían estado clausuradas es un contrafactual ferozmente difícil.

Tercero, el personal. ¿Qué sabía cada director? Si fueron engañados por la línea operativa, el principio de confianza legítima es una defensa poderosa. Pero acá viene lo incómodo: ¿había mecanismos para que la información de seguridad llegara sin filtros? ¿Existía un comité de seguridad operacional? Todo indica que no. Y eso, para quien entiende de gobernanza, es la falla de origen.

He estudiado de cerca los casos de Deepwater Horizon, Pike River y Brumadinho. Ningún director de BP procesado. En Nueva Zelanda, 29 muertos y quince años sin condena. En Brasil, el ex CEO de Vale acusado de homicidio con dolo eventual; siete años sin sentencia. Prometer cárcel rápida para directores es desconocer cómo funciona esto en cualquier jurisdicción.

Lo que el Código Penal no resuelve

Si nos quedamos en “¿irán presos?”, nos perdemos la pregunta que de verdad importa: ¿cómo ocultó una línea ejecutiva el mayor evento sísmico de la división durante dos años sin que nadie se enterara? Antes de la tragedia, El Teniente no reportaba al comité ejecutivo corporativo. No había comité de directorio de seguridad. Los reportes carecían de firmas digitales inalterables. Y las metas —presionadas por Hacienda— incentivaban maquillar las malas noticias en cada escalón. Quienes trabajamos en gobierno corporativo le llamamos “asimetría de información estructural”: el sistema estaba armado para que la verdad técnica se diluyera antes de llegar a quienes debían decidir.

Y hay una dimensión que el debate elude: el Estado como dueño. Décadas exprimiendo a Codelco. ¿Alguien diseñó una gobernanza que permitiera decir “hay que parar” sin que costara la carrera? Los incentivos desde Santiago merecen tanta atención como las decisiones en Rancagua.

Este caso trasciende a Codelco. Me deja preguntas que todo directorio debería hacerse: ¿puedo supervisar de verdad con los reportes que recibo, o solo me entero de lo que la administración quiere que sepa? ¿Necesito ojos técnicos independientes que reporten sin pasar por la gerencia? Y la más incómoda: ¿basta con que la ley no me condene para decir que hice bien mi trabajo? El legado real de esta tragedia se juega ahí —en si la próxima señal de alerta logra llegar desde la roca hasta la sala de directorio.

*El autor de la columna es director del Centro de Gobierno Corporativo, de la ESE Business School