Toda sociedad humana se estructura en base a reglas de común aceptación que aspiran a un orden social deseable. Decimos deseable porque ninguna organización de personas es perfecta. Las constituciones y las leyes contienen órdenes que deben ser cumplidas por las autoridades o los particulares, les imponen prohibiciones o autorizan determinados actos, en tanto busquen satisfacer estos fines.
En este contexto, es indiscutible que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que el Estado está a su servicio. La fuerza y profundidad de este compromiso puede expresarse, como lo enseñaba el profesor Enrique Evans, diciendo que el ser humano en sociedad tiene el derecho de nacer, el derecho de vivir y el de hacerlo en la plenitud de sus facultades físicas e intelectuales. A veces, sin embargo, para alcanzar esta satisfacción, los hombres deben sacrificar algo de sus derechos en función de un bien mayor. Lo que sí no estamos dispuestos es a que las limitaciones lleguen al punto que el derecho o la libertad terminen por ser ilusorios.
Todos sabemos que el derecho a la vida es uno de aquellos que enfrenta posturas profundamente disímiles. No trata de discutir aquí si la vida comienza con la concepción y que toda forma de interrupción debe proscribirse, sino de preguntarse si este derecho es absoluto, esto es, que no admite limitación de ninguna naturaleza. Quienes profesan una fe, defienden que el derecho a la vida no admite excepciones y que, por consiguiente, lo que se denomina aborto debe ser siempre considerado como un delito. ¿Puede atribuirse a Jaime Guzmán una postura inclaudicable en esta materia? La respuesta es que sí, pero únicamente en lo que a sus propias convicciones respecta, pero no en cuanto a imponer a la sociedad el efecto de ellas y que así lo hubiese intentado incorporar como norma constitucional. En el seno de la comisión que estudió la Constitución en su época, se escuchó la voz de Guzmán apoyando -como no podía ser de otra forma, sus convicciones- y en el otro lado de la mesa, la de un gran abogado, laico y quizás incrédulo en las cosas religiosas, quien sostuvo con fuerza y argumentación que ninguna forma de religión podía regir a la sociedad. Ese fue Jorge Ovalle Quiroz, un radical libertario, de pensamiento profundo y sabio. La discusión duró largas sesiones. Otros hombres sabios intervinieron: Alejandro Silva Bascuñán, Gustavo Lorca. Al término de ellas, Guzmán expresó: “La aplicación rígida de una norma moral en el plano de la sociedad trae males mayores que la tolerancia de la infracción”. Todos compartían esta conclusión. Por ello, la Constitución no proscribió el aborto. Y por ello la ley es la que determina, según las circunstancias, las limitaciones al derecho a la vida. Por ello, también, es por lo que hoy existe el aborto en tres causales.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
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