El estallido social de 2019 sacó a la luz el profundo malestar de miles de chilenas y chilenos respecto a las condiciones de vida en nuestro país. A lo largo y ancho del territorio, voces de todas las edades reclamaron una vida digna y dijeron basta a problemáticas estructurales como la desigualdad, el acceso inequitativo a la salud y educación, las bajas pensiones, la precarización del trabajo y la corrupción.
Se trataba de un descontento que se venía incubando hace décadas y que había tenido expresiones contundentes en distintos momentos de movilización social, como las manifestaciones estudiantiles de 2006 y 2011. Sin embargo, hoy, cinco años después, constatamos que muchas de las causas de ese malestar siguen vigentes y que nuestras instituciones no han logrado todos los acuerdos necesarios para concretar los cambios que la ciudadanía demanda. Las chilenas y chilenos, tal como lo destacó el Informe de Desarrollo Humano 2024 del Programa de las Naciones Unidas, siguen anhelando cambios profundos y comparten los mismos sueños: quieren un país con más seguridad, con más derechos sociales, con crecimiento económico, con respeto, tolerancia y protección del medioambiente.
En los días posteriores al 18 de octubre, fuimos testigos, a través de la televisión y las redes sociales, de cómo representantes de todos los sectores de la sociedad y de todo el espectro político, concurrían con una reflexión común sobre la necesidad de escuchar a las personas y buscar puntos de encuentro para dar solución a sus problemas más urgentes.
¿Dónde quedaron las promesas de cuestionar los privilegios, reducir la desigualdad y responder a las honestas demandas sociales? Hoy, esa reflexión que pareció unirnos, ha retrocedido. Porque muchos han optado por reducir la multitudinaria marcha de millones de chilenas y chilenos a los episodios de violencia ocurridos, que hemos rechazado todos categóricamente, pero que no se pueden transformar en una excusa para negar las movilizaciones pacíficas que querían transformaciones, ni tampoco en una caricatura para invisibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.
Como gobierno con vocación democrática y transformadora, estamos respondiendo a las demandas del 18-O mientras avanzamos en medidas de seguridad pública. Con responsabilidad fiscal y un enfoque en el desarrollo económico, hemos beneficiado a más de 1,5 millones de personas con Copago Cero, construido más de 142 mil viviendas bajo el Plan de Emergencia Habitacional, y puesto en marcha la jornada laboral de 40 horas para mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores. También hemos logrado un histórico aumento del salario mínimo a 500 mil pesos, concretado el Royalty Minero y aprobando la nueva Ley de delitos de “cuello y corbata” para terminar con las indignantes clases de ética como sanción a la corrupción. En el Congreso, estamos avanzando en la reforma previsional y en el proyecto de ley que pondrá fin al CAE, que busca aliviar a miles de chilenos de esa carga.
A la luz de nuestra historia reciente, es fundamental aprender que no se puede tapar el sol con un dedo sino reconocer y avanzar hacia las transformaciones que la ciudadanía exige. Por eso, las instituciones, las fuerzas políticas y gremiales no deben ser camisas de fuerza que limiten los cambios, sino más bien facilitadoras que impulsen su realización. Solo así protegemos la fe pública, fortalecemos la democracia y mantenemos unidos los lazos que sostienen nuestra sociedad.
El gobierno del Presidente Gabriel Boric seguirá poniendo a las personas al centro, para construir paso a paso un país más empático y justo, donde todas y todos podamos desarrollarnos y vivir más seguros, cumpliendo nuestros sueños y expectativas. Un país que avance, a su propio ritmo, hacia cambios profundos y transformadores, con paz y justicia social, y del cual todas y todos nos sintamos orgullosos de formar parte.
Por Camila Vallejo, Ministra Secretaría General de Gobierno
