Esta semana un grupo de expertos de la ONU declararon en Ginebra que ya no es posible negar un genocidio en Gaza por parte de Israel y que el extermino podría estarse extendiendo a Cisjordania ante la mirada pasiva -cuando no cómplice- de muchas naciones de Occidente.
Es posible que ante esta advertencia muchos se encuentren tentados a señalar, a modo de consuelo, que los países serios se están saliendo de la ONU pero el organismo multilateral está lejos de ser una voz aislada en este tema. Férreos aliados de Israel han emitido alertas similares, como es el caso de un demoledor informe del representante de la Unión Europea para los derechos humanos, que da cuenta de múltiples violaciones de la legislación internacional humanitaria por parte de Israel.
En su informe, según consigna El País, la UE valida las cifras que hablan de más de 37.200 palestinos muertos y más de 84.000 heridos y consigna que, pese a la dificultad derivada de la nula colaboración de Israel, la agencia para los derechos humanos de la ONU ha podido identificar con nombre y apellido a 9.000 víctimas mortales, la mayoría, mujeres y niños.
Chile no es parte de ese Occidente cómplice al que apuntan los veedores de la ONU. A la demanda permanente por el respeto del derecho internacional, nuestro país ha sumado esta semana la presentación de un escrito para que la Corte Internacional de Justicia investigue la contravención, por parte de Israel, de las normas contenidas en la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio.
La posición de Chile no es antojadiza ni partisana. Además de su acerbo histórico, la actuación de nuestro país armoniza con nuestra postura ante la mayoría de los conflictos en los que el derecho internacional, la democracia y los derechos humanos están siendo vulnerados (desde Venezuela hasta Ucrania) y se aleja de la práctica (lamentablemente extendida) de calificar estos principios con arreglo a la cercanía ideológica que se tenga con el país que los vulnera.
Adicionalmente, la presión de Chile contribuye a los intentos por contener a un gobierno, el de Netanyahu, cuya suerte está íntimamente ligada a la mantención de un estado de guerra incremental que amenaza con arrastrar al mundo a un conflicto de escala planetaria.
En este marco se inscriben el bombardeo a la misión diplomática iraní en Damasco en abril, donde murieron altos mandos de la guardia revolucionaria; la ampliación de los asedios, ataques y asentamientos en Cisjordania; el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en suelo iraní ; la ofensiva sobre Rafah, que complica la relación con Egipto, luego de 40 años de acuerdos de paz y el más reciente ataque masivo a través de dispositivos de localización o beeper en Líbano.
En cada uno de estos actos, el gobierno de Netanyahu pone al límite la resistencia de aliados y adversarios porque sabe que sin una guerra su reinado pende de un hilo (como era antes del 7-O) y sus actos de agresión no dejarán de ser aquello que la comunidad internacional denuncia: un programa de exterminio premeditado o genocidio. El gobierno de Netanyahu es una amenaza para el mundo y Chile hace bien en plantarle cara.
Por Camilo Feres, director de Asuntos Políticos y Sociales Azerta
