Columna de Carla Sepúlveda: Convergencias y sincronías sobre el fast track económico

Hace dos semanas el Consejo Fiscal Autónomo relevó ante el Poder Legislativo que en conjunto con el gobierno es imprescindible que alcancen consensos para reducir el estrés fiscal. En concreto, esto se traduce en cumplir las metas de Balance Estructural, retomar la tramitación del proyecto sobre responsabilidad fiscal, fortalecer la institucionalidad fiscal, posibilitar mayor ingreso fiscal mediante el aumento del crecimiento tendencial, generar nuevos ingresos tributarios (reduciendo la elusión y evasión), mejorar la eficiencia del gasto público, y finalmente, llamó a construir colchones fiscales.

Las sugerencias de este órgano independiente coinciden notablemente con los énfasis establecidos en el Pacto Fiscal. El fast track económico, si bien contempla un total de 21 medidas, se perfila de modo crucial a lograr la aprobación del Pacto Fiscal antes de la Ley de Presupuestos 2025, permitiendo que ella descanse ya sobre las nuevas proyecciones de gasto que cuenten con, por ejemplo, un 0,7% más por concepto de Cumplimiento Tributario. El sistema inteligente de permisos, también en el mediano plazo, estaría aumentando la recaudación en más de 2 puntos porcentuales del PIB.

Además de contenido, la tramitación legislativa exige mantener un tiempo. Muchas veces las críticas que se pueden hacer a una tramitación acelerada en abstracto son atendibles. Pero no cuando, por otro lado y sin distinción aparente, se exige tramitación acelerada de otros proyectos. Si la crítica que hemos escuchado en referencia al fast track económico no es antojadiza, se deben aplicar a ella los mismos argumentos que, por ejemplo, a la urgente agenda de seguridad. No es excusa la cantidad de trabajo prelegislativo, sino si hay suficiente tiempo para discutir aquello que importa. No es que haya que aprobar todo en una sola noche, sino que el avance debe ser conforme y tan pronto como exista suficiente acuerdo democrático. Y esa ha sido, hasta el momento, la declaración del gobierno, al decir que se priorizarán los proyectos en los que hay más acuerdo.

En otro orden de cosas, en el ámbito de las reformas políticas, pareciera que también se ha forjado una especie de preacuerdo sobre la importancia de la claridad de las prioridades del Ejecutivo. Por ejemplo, con iniciativas como la agenda prioritaria presidencial se promueve claridad, a la vez, que celeridad y búsqueda de apoyo político sustantivo a materias de relativa urgencia. ¿Por qué, si esa parece ser una idea ya ampliamente aceptada, un acuerdo con las presidencias de la Cámara y el Senado como el fast track es resistido? Si la objeción es su extensión, ¿serviría que se redujera a tres proyectos clave, y se atendería a la decisión presidencial de cuáles deben ser?

Al mirar todos estos elementos conjuntamente se ve no solo convergencia sustantiva, sino también sincronía en los ritmos esperados, que hablan en favor de la decisión de impulsar este paquete de medidas.

Por Carla Sepúlveda, presidenta del directorio de Rumbo Colectivo