Columna de Claudia Heiss: ¿Podrá incidir la ciudadanía en la decisión constitucional?



Voces del mundo social, político y académico han expresado su preocupación por cuánto podrá incidir en el nuevo proceso constituyente la ciudadanía. Después de todo, 79% del electorado expresó su desconfianza en el Congreso al rechazar la Convención Mixta en 2020. El estallido social que impulsó el cambio constitucional incluyó expresiones en contra de los partidos, pero el triunfo del Rechazo en 2022 derivó en que ellos sean hoy los encargados de ofrecer una salida a la crisis constitucional.

El nuevo proceso, hijo de la derrota electoral del anterior, tendrá como punto de partida un anteproyecto de Constitución escrito por representantes de los partidos en el Congreso: la Comisión Experta. Al inicio de su trabajo, la Comisión recibirá un informe de los procesos participativos anteriores, desde los encuentros de Bachelet a la participación en el proceso anterior. Este insumo será relevante para la negociación del anteproyecto, sobre todo en temas que concitan un amplio respaldo como el estado social y la protección del medioambiente.

Cuando empiece a funcionar el Consejo Constitucional electo, se activarán otros cuatro mecanismos: iniciativas populares de enmienda al anteproyecto, audiencias públicas ante el Consejo o ante las universidades acreditadas, diálogos deliberativos representativos y consultas ciudadanas. Su principal obstáculo será el tiempo. El Consejo Constitucional redactará el texto en solo cinco meses. Para ser incidentes, los resultados de esta participación deben estar disponibles al comienzo de sus negociaciones.

Analizando la experiencia comparada, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, ha señalado que la participación ciudadana puede determinar las dinámicas de negociación de normas constitucionales: es difícil ir en contra de la opinión ciudadana cuando esta se recibe de manera fidedigna y oportuna.

Un trabajo confiable y eficiente de sistematización podría ayudar a contrarrestar las restricciones a la participación en este nuevo proceso. En sus recomendaciones, IDEA destaca la importancia de dar voz a grupos marginados del debate político. Pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad y personas privadas de libertad son algunos de los segmentos que requieren atención especial hoy en Chile.

Los estándares contemporáneos del constitucionalismo hacen ineludible la participación efectiva e incidente para la legitimidad democrática de una nueva Constitución. Junto con plazos estrechos, el cansancio constitucional que han producido los intentos anteriores atenta contra este objetivo. Por otro lado, esa misma experiencia ofrece un valioso camino recorrido en materia de formación ciudadana y debate público. Hoy está en manos de las universidades canalizar la participación, y de la sociedad civil expresar su voz y ayudar a hacerla incidente.

Por Claudia Heiss, Facultad de Gobierno Universidad de Chile

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