Columna de Cristián Valenzuela: Ilegales



Ciento 20 extranjeros ilegales cruzan la frontera todos los días por pasos clandestinos y entran en total impunidad a nuestro país. Esa es la impactante cifra que se puede desprender de los registros oficiales que dio a conocer la PDI esta semana y que considera las denuncias y autodenuncias de inmigrantes ilegales. ¿Cuál será el número total de inmigrantes ilegales al margen de los registros oficiales y el empadronamiento que lleva el gobierno? Poco o nada se sabe de la cifra negra de inmigración ilegal.

En 2023 fueron un total de 44.000 los extranjeros que fueron registrados entrando de manera ilegal a Chile, alrededor de un 14% menos que en 2022 y poco más de un 20% que en 2021, cuando ingresaron más de 56 mil personas en esa condición. Sin duda, un avance respecto de las cifras más recientes, pero una cifra desbordada comparada con la década entre 2010 y 2019, cuando en promedio entraban de manera ilegal apenas 2.800 personas al año. Desde 2020 a la fecha han entrado más de 165 mil personas de manera clandestina a Chile, y eso solo considerando el registro oficial.

Un columnista de la plaza defendía la migración hace un tiempo afirmando que los migrantes delinquían menos que los chilenos. Pero resulta que, según las últimas cifras, más de un 14% de la población carcelaria sería extranjera, superando ampliamente la proporción de extranjeros sobre chilenos en el país. Datos, no opiniones. Pero el impacto de la inmigración no solo se da a nivel de delitos, sino también en muchos ámbitos: el aumento de la informalidad laboral; la explosión del comercio ilegal; la presión sobre los servicios de salud, educación y vivienda; la proliferación de campamentos, etc.

No tengo problemas con inmigrantes sin papeles”, decía el Presidente Boric en 2018, agregando que la llegada de inmigrantes le producía alegría y que debíamos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como iguales que son. Pero no solo eso, sino que fue incluso más allá, al proponer en su programa de gobierno inicial procesos de regularización extraordinaria y garantizar el acceso de las personas migrantes, regulares e irregulares, a los programas de vivienda. Todo esto, en medio de la enorme crisis de inmigración ilegal que vive el país.

Más allá de las volteretas y cambios en la retórica, lo concreto es que el gobierno del Presidente Boric ha sido incapaz de enfrentar con fuerza el fenómeno de la inmigración ilegal, al igual que el gobierno anterior. La reducción de ingresos ilegales puede deberse a muchos factores, entre ellos el trabajo que las Fuerzas Armadas realizan en la frontera desde febrero del 2023 o quizás al temor que representaba el megáfono de advertencia que inauguró la ministra Toha el año pasado, entre otros. Pero más allá de esas medidas específicas, no se conoce un plan integral para enfrentar la crisis que Chile vive en sus fronteras y, todo lo contrario, es un secreto a voces que el gobierno, luego del empadronamiento biométrico de los inmigrantes en condición irregular, avanzaría hacia un proceso de regularización masiva. La cifra que evidencia esta falta de política y decisión en materia de inmigración ilegal es la de expulsados administrativamente, que en 2023 superó levemente los 330 en el año, lo que implica que, por cada 120 extranjeros ilegales que entran, menos de uno es expulsado administrativamente cada día.

Los románticos de izquierda, que adaptan la versión más radical de Bolívar y su noción de América Latina como la patria grande, siguen impulsando la eliminación de las fronteras y el libre tránsito entre los pueblos, descalificando a quienes se oponen a ello como xenófobos, racistas y egoístas. Pero la realidad es muy distinta a los sueños húmedos de la ultraizquierda, acostumbrada a invisibilizar la cruel realidad que viven muchos chilenos a quienes la inmigración ilegal les ocupó sus plazas, escuelas, consultorios y barrios. También desconocen, por cierto, los fenómenos de tráfico de migrantes; las denuncias de redes de explotación sexual de migrantes menores de edad; el abuso de empleadores y rentistas de habitaciones a extranjeros, y la miserable indignidad en que viven miles de inmigrantes en los campamentos de Chile.

Llegó la hora de tomar decisiones duras para frenar el flujo de inmigrantes ilegales y hacerse cargo de la grave crisis que se vive dentro y fuera de nuestras fronteras, antes de que sea muy tarde y estalle esta verdadera bomba de tiempo social.

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