Columna de Cristóbal Osorio: Los bemoles de una crisis institucional

Tenemos en ciernes una crisis institucional, cuya resolución marcará el destino del país.

Es así como hay una serie de casos de relevancia dirimiéndose en sede penal, política y administrativa, mediante los cuales se investigan a diversos actores de poder, quienes están sujetos a control institucional, como garantía de salud de la democracia.

También existe una prensa activa, la cual, mediante el ejercicio de la libertad de expresión, realiza una aguda observación del poder. Algo indispensable para generar las condiciones de un debate público que incluya a los ciudadanos, siempre con medios que cumplan con altos estándares profesionales, éticos y de pluralismo.

Ambos elementos dan con el tono que necesitamos. Sin embargo, hay también grandes bemoles.

El escrutinio agudo no impide que nos cuestionemos que la información que se está analizando, en ocasiones, surge de filtraciones de datos que debieran estar bajo estricto resguardo de las autoridades, para así garantizar el debido proceso y cautelar los derechos a la privacidad y dignidad de las personas.

Estas filtraciones son graves, pues son sintomáticas de la vulnerabilidad de las bases de datos que están bajo el resguardo del Estado. No se puede imputar solo al persecutor penal este fenómeno. Es mucho más profundo, pues es extensible a diversas otras bases de datos bajo resguardo estatal, cuya vulneración puede tener efectos demoledores sobre la dignidad de las personas al darse a conocer información privada en los ámbitos crediticio, de la salud o de asistencia social, por mencionar solo algunos ejemplos. Cabe mencionar que estas vulneraciones no solamente impactan en la dignidad, sino que también en las garantías de éxito y objetividad de las investigaciones.

Así, el desafío es adoptar medidas que resguarden estas bases de datos en cumplimiento de la actual Ley N° 19.628 y en la transición a la nueva normativa. Para eso es clave observar la decisión del Tribunal Constitucional sobre la solicitud de la Fiscalía Nacional que busca quedar excluida de la regulación, fiscalización y supervigilancia de la Agencia de Protección de Datos Personales.

Por otro lado, me parece de absoluta relevancia advertir que, en el devenir de nuestra vida social, estamos adelgazando de manera muy peligrosa la protección de la dignidad de las personas. Esto, pues el juego en la opinión pública ha estado marcado por la ganancia de quienes presentan posturas más estridentes y agresivas. De tal modo, en el debate se ha adelgazado también la presunción de inocencia, en un contexto además de incredulidad ante la justicia.

Pero no podemos renunciar al valor jurídico de la dignidad ni al derecho a la defensa que tenemos cada uno de nosotros, independientemente del sitio donde nos hayan dejado nuestras trayectorias de vida.

Es de esperar, que, pasada esta tormenta, tengamos la calma para volver sobre la dignidad y el respeto como principios fundantes de nuestra vida en común, para que no terminen degradados por un estado de ánimo lóbrego que parece no tener cura.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, U. de Chile