Columna de Daniel Matamala: Por favor

29 de Marzo de 2020/SANTIAGO Personal militar realiza control preventivo en el sector de providencia, durante la cuarta noche bajo toque de queda (entre las 22.00 y las 05.00 horas) por la emergencia sanitaria que ha provocado el Coronavirus COVID-19 en todo el país. FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

En medio de la peor emergencia de nuestra era, el Estado exige a sus ciudadanos con voz atronadora. Al gran poder económico, en cambio, apenas le susurra un suplicante “por favor…”.



Las restricciones a las que estamos sometidos los ciudadanos hoy en Chile no tienen precedentes. El Estado ha prohibido a cerca de dos millones de chilenos salir de sus casas, condenándolos a un arresto domiciliario indefinido. No solo la libertad de moverse está suspendida; también el derecho de los niños a educarse yendo al colegio, el de miles de empleados que están dejando de recibir sus sueldos, pequeños comerciantes que han debido clausurar sus negocios y trabajadores informales que ya no pueden buscar el sustento familiar en la calle.

Pese a su severidad, los ciudadanos aceptamos estas restricciones y las respaldamos. Entendemos que son necesarias para resguardar nuestras vidas.

Y el Estado las aplica con toda la fuerza de la ley: si sales sin permiso a la calle, puedes ir preso, salvo que seas un Presidente al que una noche de viernes le venga en gana violar la cuarentena para sacarse una foto turística aprovechando las calles vacías.

Nuestras vidas han sido trastocadas de una forma inimaginable. Se nos exigen sacrificios extraordinarios para sobrevivir a una amenaza extraordinaria. Pero a algunos en la cúspide del poder económico apenas se les pide un tímido “por favor”. Ellos siguen tarareando que, como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual.

El caso más grotesco es el de las isapres. Por al menos una década, los tribunales han prohibido cientos de miles de veces las alzas unilaterales de planes. Pero como esos fallos solo se aplican a cada reclamo particular, las isapres siguen subiendo sus precios para todos quienes no tengan el tiempo o la información necesaria para apelar año a año ante tribunales. Hablamos de 376 mil casos solo en 2019.

Estos fallos, además, son usados por las isapres para justificar sus alzas: estos juicios “al final los financian los usuarios”, decía el expresidente de la Asociación de Isapres Rafael Caviedes. O sea, la culpa es de los afiliados por hacer valer su derecho a frenar alzas que son ilegales según la justicia.

Y esta semana, las isapres decidieron que la vida sigue igual. En medio de la peor emergencia sanitaria de la historia moderna, las instituciones de salud previsional anunciaron su alza anual, de entre UF+4,9% y UF+3,0%.

El gobierno que hace dos años prometió que “le pondremos el cascabel al gato” de las isapres, no gritó, sin embargo, con voz de trueno. No aplicó la facultad del estado de catástrofe de fijar precios, tampoco envió un proyecto de ley con discusión inmediata para prohibir definitivamente este abuso anual. En cambio, pidió por favor: invitó a los ejecutivos de isapres a una conversación tras la cual ellos, magnánimos, accedieron a postergar su alza por 90 días.

Negocio redondo: tres meses a cambio de la validación oficial para seguir, por tiempo indefinido, aplicando alzas que mantengan sus fabulosas ganancias, que en años anteriores han sido el triple de la rentabilidad promedio de los sectores de la economía chilena (2019 fue su “peor” año desde 2012: se quejaron de haber ganado apenas $ 9 mil millones).

Otro ejemplo son los bancos. Las autoridades económicas les están entregando facilidades sin precedentes, traspasando US$ 8 mil millones a una tasa históricamente baja de 0,5% a través del Banco Central, mientras la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) elimina restricciones a su operación.

En países como Australia, Nueva Zelandia, Brasil y Colombia, estos beneficios se concedieron a cambio de que los bancos congelaran los pagos de deudores durante la crisis. En palabras del exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, “dar vuelta la lógica; que todos sean refinanciados, salvo que exista una razón para no hacerlo, en vez de que dependa de cada banco”.

En Chile, en cambio, el Estado entrega todas las facilidades a los bancos y les pide que, ojalá, por favor, si lo tienen a bien, hagan su parte.

En Alemania, el banco público KfW entregará directamente hasta 550.000 millones de euros a personas y empresas afectadas. El Banco Central Europeo también frenó el reparto de dividendos a los accionistas de los bancos, al menos hasta octubre. En Chile apenas hubo una “sugerencia” de la autoridad, y los bancos siguen adelante con sus planes de repartir entre 30% y 100% de las ganancias entre sus dueños, que se embolsarán, dependiendo de cada entidad, hasta $ 400 mil millones.

Y hay más ejemplos de cómo actúan los gobiernos ante esta catástrofe: en Estados Unidos, Trump activó una ley de la época de la Guerra de Corea para obligar a gigantes industriales como General Motors y Ford a dejar de lado su producción habitual para fabricar ventiladores para enfermos de coronavirus.

Por cierto, en Chile han surgido iniciativas valorables de la gran empresa para ayudar: algunos bancos sí ofrecen postergaciones sin letra chica, Colún anunció que congelará sus precios, CCU que producirá alcohol gel y la CPC reúne un fondo de ayuda social. No es un asunto de buenos o malos, sino de una llamativa asimetría en la acción del poder político.

En medio de la peor emergencia de nuestra era, el Estado exige a sus ciudadanos con voz atronadora. Al gran poder económico, en cambio, apenas le susurra un suplicante “por favor…”.

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