El 7 de noviembre, el Consejo Constitucional entregó la propuesta de nueva Constitución que debemos plebiscitar el próximo 17 de diciembre. Este segundo proceso estuvo marcado por la mayoría circunstancial del Partido Republicano, que arrastró con fuerza a la derecha tradicional a diseñar y aprobar un texto que, en vez de unir al país, está dividiéndonos, distinguiendo como ya lo ha hecho la expresidenta del Consejo, Beatriz Hevia, entre chilenos falsos y “verdaderos”; o como ha dicho el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, entre los correctos e incorrectos para gobernar.

El documento presenta un programa de gobierno, no cabe duda. Es un texto sobreideologizado, amparado en un conservadurismo extremo, muy propio del Opus Dei, y una visión económica ortodoxa, que va a radicalizar, en ambos sentidos, la visión original de Jaime Guzmán. En ese aspecto, podemos observar párrafos que van en contra de los derechos de las mujeres, y no solo por la referencia al “quién está por nacer” o por la definición de “niño” que posee el texto. Todos aquellos supuestos “avances” que plantean no son más que elementos decorativos, que, aunque la Constitución actual y modificada en 2005 no posee, nos retrocede en el debate que ha impulsado el movimiento feminista durante los últimos años.

Pero, obviamente, eso no es todo. Los aspectos económicos también son objetables, como, por ejemplo, el intento de consolidar el voucher en educación, o reafirmar a las Isapres y AFP, ambos negocios ampliamente cuestionados, tanto por entregar pensiones miserables como por hacer prevalecer un sistema de salud privado que hoy, sin un rescate, es insostenible. Esto, sin considerar por supuesto el no pago de contribuciones para la primera vivienda incluido en la propuesta y que solo beneficia a las clases más privilegiadas chilenas; o el artículo que plantea no pagar impuesto para los gastos “objetivamente necesarios para la vida”, que serán deducibles para las cargas tributarias.

Todo lo anterior no hace más que consolidar el programa de gobierno de José Antonio Kast, pero no se hace cargo de las demandas tras las protestas de 2019, a las que a la fecha no hemos podido dar respuestas. Dicho de forma clara: un texto como el que quieren aprobar no solo entregaría mayor incertidumbre al país, sino que además ampliaría aún más las brechas entre quienes poseen más y quienes han logrado sobrevivir, con dificultades, los embates de la pandemia y una economía que no despega.

Hoy es necesario que desde el Congreso retomemos una agenda orientada hacia el bienestar de la ciudadanía, para que, de una vez por todas, la política vuelva a tener el sentido de servicio para con las personas y el país que le corresponde, se recuperen las confianzas, y no sigamos ampliando esta distancia y animadversión de ciudadanos y ciudadanas hacia sus representantes.

Por Daniella Cicardini, diputada. Vicepresidenta PS Chile