Al fin contamos con un acuerdo constitucional. Tras tres meses de idas y venidas, quince partidos y tres movimientos lograron proponerle a la ciudadanía el mecanismo mediante el cual podríamos finalmente contar con una nueva Constitución. Se trata del tercer intento: el primero lo inició Bachelet y el segundo ocurrió tras el estallido popular. ¿Será esta tercera vez la vencida?

Dependerá de cuánto hemos aprendido. También de cuánto estamos dispuestos a flexibilizar. Es cierto que el acuerdo ya recibe críticas por parte de algunos sectores que habrían preferido que el mecanismo se constituyera por miembros 100% electos. Eso de que habrían 24 “expertos” designados por el Congreso y mandatados a proponer el borrador constitucional, lo observan con desconfianza. Y la preocupación no es del todo paranoica, pues es evidente que aquellos expertos no serán neutrales, sino más bien personeros fuertemente politizados. No obstante, y pese a que la propuesta tendrá que encontrar su forma de legitimarse, el acuerdo es ya una significativa ganancia.

Primero, porque le devuelve credibilidad a la política. Todos quienes participaron en el acuerdo tuvieron que negociar, transar, incorporar y priorizar. Eso justamente es lo que se espera de ella; dejar de lado las trincheras y las agendas cerradas, para conversar con el oponente, integrarle y experimentar con nuevas formas. Si es cierto que el proceso constituyente anterior fracasó, como efectivamente lo hizo, entonces no tiene sentido intentar repetir la misma fórmula. El aprendizaje de no repetir errores es ya una ganancia política.

Y en segundo lugar, es tremendamente significativa porque dentro de los llamados “bordes” del proceso, de las bases constitucionales, se aloja una clave extraordinaria, seguramente, la más relevante de todas: la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho. Aquella simple tesis, declarar al país un “Estado social”, implica ni más ni menos que dejar de lado lo peor de la Constitución vigente: el neoliberalismo salvaje que nos rige, oprime y que es responsable de las inequidades de nuestro país.

Ciertamente, aquello es solo un piso, un mínimo a partir del cual deberá erigirse toda la propuesta constitucional. No obstante, es un tremendo punto de partida, una oportunidad inédita para aclarar que no se busca ni una Constitución comunista ni tampoco una decididamente anticapitalista. Se trata más bien de lograr una Constitución que esté a la altura de los tiempos y que genuinamente proteja a sus ciudadanos; una que rehabilite al Estado en sus funciones de garante y promotor de derechos sociales, sin por ello poner en peligro las libertades individuales.

Por tercera vez tenemos una oportunidad. Ojalá esta sea la vencida. Ojalá logremos ganarle a la inercia, a la polarización y generemos nuevas confianzas para permitirnos vivir en un Estado que nos cuide, al fin.

Por Diana Aurenque, directora Departamento de Filosofía Usach