Por Diana Aurenque, directora del Departamento de Filosofía Usach
En la columna “El bus, el presidente y el Presidente”, Carolina Tohá analiza con valentía la violencia escolar y expone dos asuntos centrales: el abandono por parte del Estado de la educación pública secundaria y el desconocimiento de la autoridad por parte de fracciones de dirigentes secundarios. Ambas de difícil solución -pero no imposible.
Para ello se requiere de una nueva interpretación, de un nuevo sentido común por parte del oficialismo, sobre lo que fue la protesta social de 10/2019, y sus multiformes violencias. Porque varias de sus expresiones actuales -la de los liceos emblemáticos, La Araucanía, la de Meiggs y la de los barrios- encuentran ahí gran parte de su origen.
Una genealogía de las violencias del hoy debe partir por resignificar su lugar en el estallido social. La revuelta fue un movimiento sin anclaje político, líderes o idearios comunes; fue una agitación espontánea donde una serie de actores, con los más diversos intereses, salieron a las calles a protestar contra la autoridad de turno. Y en esa protesta fueron los jóvenes, con su postura “postestatal”, informal y antipartidista, como explica Marcelo Mella, los actores claves de la movilización. Algunos hicieron uso táctico-político de la violencia (entendiéndola como herramienta revolucionaria), pero otros, y esto lo sabemos porque lo vimos, la ejercieron sin más o por intereses abiertamente asociales y apolíticos.
Esa combinación de violencias, la politizada y la asocial, aún no han sido distinguidas enérgicamente. Aún hay quienes le atribuyen toda esa violencia a la izquierda y sus “violentistas” (al modo Piñera); pero, del otro lado, están quienes tampoco asumen lo evidente: que la protesta social nunca fue completamente una protesta socio-política. Ambas lecturas son falsas, desconocen la realidad y potencian las violencias del hoy.
Lo que ocurre en los liceos emblemáticos, en La Araucanía e incluso en el crimen organizado, solo es y fue posible porque la autoridad del gobierno se debilitó. Y esta debilidad, no solo es fruto de la falta de legitimidad de la institución de Carabineros, sino también, particularmente en el caso de los liceos y de La Araucanía, porque en ellos -como en el estallido- se confunden las violencias “políticas” revolucionarias con las violencias asociales, delictuales y oportunistas que lucran, se inmiscuyen y se aprovechan del caos que ocasiona la desobediencia civil.
El gobierno debe actuar con firmeza e inteligencia. Lo que no se agota en una retórica vacía que condena a la violencia “venga de donde venga”; sino que actúe en consecuencia. Decir con claridad que rechaza y persigue la violencia sin más, esa infame, que intenta camuflar sus delitos con atuendos justicieros y revolucionarios. Y las universidades estatales, a su vez, son las llamadas a colaborar con el gobierno y contribuir en la recuperación de los liceos y darle mayor protección, oportunidades y educación a los más jóvenes, para que un día si han de luchar, lo hagan por ideales, y no por desazón o costumbre.
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