Columna de Ernesto Treviño: Mentorías, recuperación y sistema escolar

Dentro de las medidas de la recuperación educativa se ha iniciado un proceso de llamado para la participación de mentores que puedan hacer un acompañamiento personalizado a los estudiantes con mayores rezagos en los aprendizajes. Se trata de una excelente medida de corto plazo para apoyar—a través de una interacción social cálida, cotidiana e individualizada—dado que distintos estudios han mostrado su eficacia y potencial para recuperar las experiencias y el aprendizaje perdidos durante la pandemia.

Chile, como el resto de América Latina, está entre los países que mantuvieron por más tiempo la suspensión de clases presenciales durante la pandemia. Además, los bajos niveles de acceso a Internet entre los estratos socioeconómicos más bajos y las zonas geográficamente aisladas limitaron las posibilidades de, al menos, mantener una continuidad de la enseñanza vía virtual.

Es indispensable valorar el anuncio y la implementación de las tutorías en su justa medida. Se trata de una fórmula con resultados probados para recuperarse a un periodo de crisis. Se podría decir que es una terapia intensiva para recuperar la salud de los aprendizajes y el desarrollo integral de los niños y niñas a través de procesos de socialización focalizados en los más desaventajados.

Es probable que debamos mantener las tutorías tres años al menos para atender a las distintas cohortes de estudiantes que se vieron más profundamente afectados por la pandemia. Será necesario también evaluar y mejorar continuamente su funcionamiento para adecuarla en función de los progresos y desafíos que se vayan detectando.

Ahora bien, las tutorías son una respuesta eficaz y temporal para un problema puntual causado por la pandemia. Paralelamente a las medidas de recuperación será necesario fortalecer al sistema escolar en el largo plazo en, al menos, tres niveles.

En cuanto a la política educativa, es indispensable descongestionar al sistema escolar de los controles burocráticos, disminuyendo la sobrecarga de las comunidades escolares en rendiciones, llenado de formularios y fiscalizaciones que distraen tiempo valioso de la mejora de la educación. Entre los aspectos más importantes están el cambio en el sistema de financiamiento para evitar rendir cada subvención por separado y financiar el número de docentes y personal mínimo que requieren las escuelas para brindar un servicio de calidad. Pasar de un sistema por asistencia a otro por matrícula, con correcciones para escuelas pequeñas podría ser una alternativa viable. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad debe ajustarse, pues desde su implementación los aprendizajes están estancados y también las brechas. Un foco en evaluar el sistema y apoyar con información a las escuelas es indispensable, descargándolas de los innumerables indicadores descontextualizados que deben medirse. Las fiscalizaciones deberían cambiarse por un sistema automatizado, como el de impuestos internos, para que electrónicamente se pueda hacer seguimiento de la evolución de los gastos.

A nivel de las escuelas, los Servicios Locales de Educación guardan la promesa de trabajar en territorios amplios, con economías de escala que les permitan hacer inversiones importantes en mejoras de infraestructura y de oportunidades de formación de sus directivos y docentes. Aún más, abren la posibilidad de generar redes de colaboración, pero que deben trabajarse con un sentido de mejora continua y desarrollo de capacidades para mejorar la enseñanza, en vez de ser una vía para la “bajada” de las orientaciones ministeriales. Crear capacidades implica ampliar el rango de autonomía de las comunidades. Debería considerarse que todas las escuelas con financiamiento público dentro de un territorio participen de estas redes de colaboración para paliar la grave atomización de la educación particular subvencionada.

En el ámbito de las salas de clase y los docentes, es indispensable trabajar en su motivación, apoyo y desarrollo profesional. Las comunidades docentes están exhaustas después de la pandemia, tienen que lidiar con nuevos desafíos en las interacciones de aula, no se sienten preparadas para hacer una inclusión efectiva, y no tienen a quién acudir para buscar mejorar sus procesos de enseñanza e inclusión para mantener climas de aula adecuados y promover el aprendizaje.

Los niños y niñas han sido los principales afectados por la pandemia, con oportunidades de socialización y aprendizaje perdidas que debemos primero recuperar—a través de programas como las tutorías—y después promover de forma permanente. Así, una perspectiva limitada del aprendizaje como cobertura curricular o repaso de contenidos es insuficiente para atender el desarrollo integral de una generación que vivió una pandemia, que es como una guerra. En este caso, la política educativa, social y de salud debe coordinarse para generar experiencias positivas y atenciones integrales y articuladas para niños y niñas. La Ley de Garantías de la Niñez abre esa puerta y es necesario implementarla bien.

El sistema escolar, por lo tanto, tiene primero que recuperarse y ayudar a los estudiantes afectados por la pandemia, pero también reconfigurarse y mejorar sus capacidades para preparar a niños y niñas a enfrentar problemas nacionales y mundiales que aún no somos capaces de predecir.

Por Ernesto Treviño, Centro Justicia Educacional, Universidad Católica