Columna de Fernando Ayala: “1985″

Chile y Argentina vivieron dictaduras militares que dejaron una estela interminable de muerte y dolor. Sin embargo, el final de ambas fue muy diferente para quienes dirigieron, ampararon y ocultaron sus crímenes. La película argentina “1985″ de Santiago Mitre, nos recuerda magistralmente lo sucedido en una sociedad cuando se restablecen los valores democráticos y el poder civil y militar se someten al imperio de la ley. Es inevitable comparar lo sucedido en ambos países respecto al juzgamiento de quienes fueron los responsables de tanto dolor. En el país trasandino los generales y almirantes fueron llevados a la justicia con todas las garantías legales y derecho a una plena defensa, mientras que en Chile los cuatro miembros de la junta militar que tomó por asalto el palacio de La Moneda hace 50 años nunca fueron juzgados. Por el contrario, justificaron con arrogancia su actuar en defensa de una etérea patria. Peor aún, cuando un juez español logro detener a Augusto Pinochet en Londres, en 1998, el poder político chileno se volcó mayoritariamente en su defensa. En Argentina, la justicia condenó a cadena perpetua al general Jorge Videla, quien encabezó la dictadura entre 1976 y 1981. La misma condena le dieron los tribunales al almirante Emilio Massera, ambos condenados por genocidio. Otros miembros de las juntas militares que gobernaron el país tuvieron penas menores e incluso algunos fueron absueltos, pero todos juzgados de cara al país.

La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y Villa Grimaldi tienen la misma impronta, al igual que otros centros de tortura en ambos países que fueron dirigidas por uniformados. Superan la imaginación los hechos ocurridos con mujeres, hombre y menores de edad abusadas, torturados, asesinados y, en muchos casos, arrojados al mar por agentes del estado autorizados por los gobernantes para disponer de sus vidas. Es cierto que en Chile varios generales, oficiales y suboficiales fueron juzgados y condenados, lo que es un mérito de jueces e investigadores que tuvieron el coraje de usar todas las herramientas legales disponible. No fue fácil. Sin embargo, no importaron los 17 años de la más feroz dictadura en la historia del país, ni los asesinatos ocurridos en Estados Unidos y Argentina para juzgar a Pinochet, Merino, Leigh y Mendoza. A 50 años del golpe de Estado que cambió para siempre la historia del país, miles de familia siguen esperando conocer qué sucedió con sus seres queridos, donde están sus cuerpos. Parece una tomadura de pelo cuando el ejército de Chile u otras instituciones de la defensa señalan ignorar lo que pasó o no saber dónde está el fusil con que el Presidente Allende acabó con su vida. Cuarteles y museos militares mantienen imágenes, fotografías o placas recordatorias de la época de la dictadura, como ocurre en el Morro de Arica y otros lugares ante el silencio de la clase política. Nunca en Alemania se podrá encontrar un recordatorio de los “valientes soldados” del Tercer Reich. En Chile, en cambio, generales en servicio activo señalan que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos “cuenta solo una parte de la historia”. La conmemoración de los 50 años del golpe debe servir para avanzar en conocer la verdad, así como los hicieron los dos excomandantes en jefe del ejército que se atrevieron a correr un poco el tupido velo de impunidad: el general Juan Emilio Cheyre en 2004 y el 2022, con mucha valentía el general Ricardo Martínez. Fue un paso más en reconocer y condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército. Es hora de que las tres ramas de las fuerzas armadas y carabineros reconozcan ante la historia la mancha dejada en instituciones que escribieron en el pasado páginas brillantes de nuestra historia. Solo entonces la democracia será “memoria y futuro” como señala el presidente Gabriel Boric. Para ello cada institución debe asumir las responsabilidades de sus antecesores, así el país podrá perdonar, unir a los chilenos y lavar el honor de las nuevas generaciones que con orgullo visten los uniformes de la patria.

Por Fernando Ayala, ex subsecretario de Defensa.