Hoy, la industria tecnológica se encuentra en frente a una incerteza jurídica que puede generar importantes pérdidas por competitividad en precios, e incluso causando el cierre de algunas empresas por incompatibilidad en la estructura de sus socios. Esto, debido a la Ley 21.420 que entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2023, la cual gravará con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) una serie de servicios que anteriormente se encontraban exentos del mismo.
Dentro de esto servicios se encuentran los de desarrollo de software y relacionados. No obstante, la propia ley estableció una excepción respecto de las denominadas “sociedades de profesionales”, las cuales han sido objeto de una aclaración –tan solo parcial– a partir de la circular N.º 50 que publicó el Servicio Impuestos Internos (SII), recién el 27 de octubre pasado. Tan solo 43 días laborales antes que entre en vigencia esta norma.
Como asociación gremial de la industria tecnológica que reúne a 100 empresas chilenas, las que emplean a más de 6.500 trabajadores del conocimiento y la tecnología, no podemos sino manifestar nuestra gran preocupación por la incerteza legal que nos genera esta situación. El hecho de que se haya publicado una circular a días de la entrada en vigencia de esta ley, que se anuncie futuros pronunciamientos que aclaren las dudas que este documento dejó, y que se sigan respondiendo consultas de contribuyentes –muchas de las cuales van a ser contestadas después del 1 de enero–, pone a nuestros asociados y, posiblemente a otras empresas TI, en una situación de incertidumbre en torno a cómo proceder y con plazos acotados para hacer potenciales cambios estructurales en su configuración como empresa.
Nos inquieta el hecho que esta ley afecta severamente la competitividad del mercado, introduciendo una distorsión importante que afectará negativamente a muchas sociedades. En efecto, existen sociedades que, por diversas razones (EJ: por tipos de profesiones que tienen sus socios no serían compatibles con las exigencias de la ley o la forma societaria que tiene) no podrán pasar a convertirse en “Sociedad de Profesionales”, lo cual automáticamente les hace un 19% más caros que sus competidores frente a clientes que no aprovechan el IVA, como lo son personas naturales y el mismo Estado.
Lo anterior, sin duda, afectará la competitividad y viabilidad financiera de muchas Pymes, que aún se están recuperando de los efectos de la pandemia.
Hacemos un llamado a Servicio de Impuesto Internos para que establezca certezas en plazos que permitan reaccionar adecuadamente a las empresas respecto de las implicancias de la ley. Creemos necesario que el Ejecutivo y el Congreso acuerden una moratoria de la entrada en vigencia de la ley, hasta que el Estado asiente de forma definitiva y clara los criterios que aún se encuentra desarrollando.
En este sentido, el tiempo es la esencia. De ello depende el futuro de muchas empresas y trabajadores.
Por Francisco Méndez, presidente de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología
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