Así como quien no quiere la cosa, se nos pasó el año 2023. Uno donde hasta último momento la inflación nos sorprendió en Chile para terminar ubicándose en 3,9% en los doce meses a diciembre, por debajo de la proyección del Banco Central en el último IPoM. Cuando miremos hacia atrás, recordaremos el 2023 como un año de fragmentación entre los países, donde hubo una guerra y donde la región de América Latina continuó su trayectoria de bajo crecimiento. De hecho, para la Cepal la región registrará una tasa de variación del PIB de apenas 2,2%, por debajo del crecimiento del año 2022. En el caso de Chile, el Banco Central proyecta una expansión nula y un rango de variación del PIB entre 1,25% y 2,25% para el año 2024. Más importante que el dato de crecimiento puntual del año 2023, la gran preocupación en la región, y sobre todo en Chile, es el problema de la tendencia a la baja en la tasa de crecimiento del PIB potencial. En el caso de Chile, el PIB tendencial fue revisado nuevamente a la baja en el último IPoM dado a conocer en el mes de diciembre desde 2,4% hasta 1,9%.

En este contexto macroeconómico, en el que el crecimiento y el comercio mundial muestran un bajo dinamismo, cobra cada día más importancia y urgencia la necesidad de avanzar en una permisología que favorezca la inversión. En los hechos, la tramitación de los permisos se ha constituido en un obstáculo para la materialización de inversiones, observándose plazos efectivos que superan en ocho veces el límite legal. Avanzar en este aspecto era realmente fundamental para poder materializar un mayor crecimiento.

Este miércoles, el gobierno presentó el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que contempla la creación del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial y una reforma a la entrega y plazos de los permisos distintos a los ambientales. Lo anterior se traduciría en la simplificación del proceso de autorización, otorgando una mayor certeza a los inversionistas. Esta iniciativa está en línea con la experiencia internacional que nos muestra además ejemplos exitosos en materias como los mecanismos de tramitación acelerada (Fast track) y el hecho de contar con instancias de asesoramiento previas a la tramitación de los permisos. La asesoría previa, se traduce en un menor número de errores una vez iniciado el proceso y por lo tanto en menores retrasos en la obtención del permiso.

De lograrse aprobar este proyecto de Ley, los tiempos de tramitación debieran reducirse en especial para las empresas de menor tamaño. La reducción de los tiempos de tramitación a su vez llevaría a un alza en el nivel de producto en un 2,4% al cabo de diez años, de acuerdo a las estimaciones realizadas por la Comisión Marfán. Dado que la mejor forma de aumentar la recaudación fiscal proviene de un mayor crecimiento, pareciera ser que finalmente comenzamos a caminar por tierra derecha. Como decía mi nonna “nunca es tarde cuando la dicha llega”.

Por Gabriela Clivio, economista y académica