Es cierto que en un plebiscito hay solo dos opciones: Sí o No. Pero, no obstante la dureza del dilema, que parece de hierro, el grueso del país se ubica fuera de esas minorías que creen que el “Apruebo” es un contrato de adhesión a un borrador inmodificable; o el “Rechazo” la oportunidad para recuperar un derecho a veto sobre cualquier reforma constitucional futura. Si lo anterior es cierto -como creo que es-, habrá que considerar que traspasada esta opción binaria, hay un espacio común que construir. Ello quiere decir un acuerdo para considerar que el plebiscito de salida no ha sido un quiebre, sino una etapa de un proceso que debe seguir adelante.

En el caso del triunfo del Rechazo, el mecanismo para dar forma a esta continuidad es una reforma constitucional que requiere, para su aprobación, el acuerdo del Presidente y de la Cámara de Diputados y el Senado, camino que se utilizó para dar origen a la CC que acaba de terminar. En el caso del triunfo del Apruebo, el camino es más largo, pues supone reformas constitucionales cuya materialización se verá obstaculizada por los muy altos quórums y la negativa de la izquierda más militante a ceder en aspectos que estiman intranzables en el sistema político y que la oposición declara no poder aceptar.

Obviamente, reconocer la continuidad del proceso significa valorar en el trabajo de la CC avances que deben ser incorporados a la nueva Constitución, como lo han señalado en sus cartas los expresidentes Frei y Lagos: Estado democrático social de derechos, paridad de género, reconocimiento de pueblos originarios, multiculturalidad, fin de leyes supramayoritarias, protección del medio ambiente y varios otros.

Sea la continuidad que ofrece el Rechazo o el camino largo que supone el Apruebo, no habrá una Constitución “no partisana”, si no se abordan aquellas áreas donde el trabajo de la CC fue deficitario y se tradujo en disposiciones que parte significativa del país ha estimado insatisfactorias o equivocadas. Un sistema político que no sea un experimento que no existe en Estado democrático alguno; establecer un adecuado equilibrio y división de poderes, evitando los riesgos de una Cámara omnipotente, frente a un Presidente debilitado y un Senado inexistente; precisar el sistema electoral y el rol de los partidos políticos; garantizar la independencia del Poder Judicial; una regionalización que no se vea frustrada por una superposición de autonomías, un exceso de asambleas, la creación de una gran burocracia y un débil reconocimiento del rol fundamental de alcaldes y gobernadores.

Es cierto que hay tareas importantes por delante; pero es cierto también que el país ha avanzado enormemente en su debate constitucional. Más allá de los resultados de hoy, debemos mirar con realismo y una dosis de optimismo la nueva etapa que se abrirá a partir de mañana.