Columna de Gonzalo Cordero: ¡Acuerde ya!



El senador Walker propuso un mecanismo para acordar el procedimiento a través del cual continuará el proceso constituyente, y que consiste en que se reúnan en una sesión que no concluya hasta que se alcance un acuerdo. La idea no puede ser más desafortunada; recuerda a esas reuniones de venta de tiempo compartido que se realizaban cuando llegó a Chile este tipo de propiedad inmobiliaria: los asistentes recibían una explicación muy halagüeña del proyecto respectivo y de su precio, pero eran conminados a comprar antes de irse, pues la “súper oferta” solo era válida en ese momento.

Algo parecido sucede con los espacios que venden los canales de televisión, en que se publicitan las bondades de una picadora multiuso, una aspiradora o cualquier otro artefacto que viene acompañado de una “funda y un kit completo”, pero debe comprarse de inmediato. ¡Llame ya! es la exclamación que se repite hasta el cansancio.

Pero un proceso constituyente no puede someterse a la presión de una venta, ni quedar entregada a la resistencia de una partida de póquer entre tahúres. Por el contrario, los políticos que están representando las distintas visiones que tenemos los chilenos acerca del orden social más justo y eficaz deben estar exentos de toda forma de presión, deben sopesar libre y serenamente las opciones, para que un eventual acuerdo encarne efectivamente un camino legitimado por el respaldo ciudadano.

El acuerdo sobre un procedimiento ad hoc no es una obligación, ni menos -como se ha pretendido hacer creer, un compromiso que los distintos sectores políticos deban honrar. El compromiso es trabajar para llegar a una nueva Constitución que sea debatida en forma democrática y sancionada por el voto popular. Si el anhelado acuerdo no se alcanza, ello no implica que se frustre el objetivo final, porque existe un orden institucional con las competencias y vías para hacerse cargo del proceso constituyente.

Cierta izquierda tiene la obsesión de la “asamblea constituyente”, como verdadero fetiche, que sería la única fuente de la que puede brotar un nuevo pacto político legitimado; la Carta Fundamental tiene que ser la expresión de un quiebre o será solo la continuidad del orden que se pretende sepultar.

Las sesiones hasta total despacho del Congreso no tienen comparación, pues en ellas se tratan proyectos de ley largamente tramitados y estudiados, respecto de los cuales hay múltiples informes. En el fondo, esta propuesta trasunta esa pretendida superioridad moral que implícitamente asume que la discrepancia que pueda expresar la centroderecha no es realmente fidedigna, sino solo un ardid. Es legítimo poner a sus representantes entre la espada y la pared; es, en cierto modo, equivalente a la expresión “el veto de la derecha”, como si los puntos de vista de este sector fueran un mero obstáculo, un impedimento mañoso a la voluntad popular.

Un buen acuerdo sería una buena noticia, qué duda cabe, pero uno real, libre de presión y representativo. No una forma política del “¡llame ya!”.

Por Gonzalo Cordero, abogado

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