Tal como tendremos que acostumbrarnos, al menos mientras no tengamos una vacuna, a una vida con mascarillas y distanciamiento físico, así también tendremos que adaptarnos en la vida cívica durante los próximos meses al virus disociador de la violencia.

La mala noticia es que en este plano estamos incluso peor preparados que para enfrentar el reto sanitario que hemos tenido este año. Las cosas son así no solo porque la violencia fue el motor de la revuelta de octubre del año pasado, sino también porque desde hace muchos años los chilenos venimos siendo muy condescendientes con las tomas, las barricadas, las bombas molotov, los saqueos e incendios de servicios públicos, iglesias, escuelas, farmacias y supermercados. Todo esto tiene una larga data y, en retrospectiva, ahora es fácil entender que lo ocurrido durante años y años en el Instituto Nacional estuvo lejos de ser una casualidad. Fue más bien un laboratorio donde se templó el violentismo, donde -aparte de articularse una épica subversiva, con sus prácticas, mitos y sus héroes- se midieron, además, varias cosas: la cobardía del sistema institucional y político, la ineficacia de las policías, la chapucería de los sistemas de inteligencia, la incompetencia de nuestros fiscales y la debilidad de los jueces y las cortes para hacer efectivas las responsabilidades asociadas a cada uno de los desmanes. Mejor ni hablar de los medios que convirtieron en reality lo que en rigor era una gran tragedia para la educación pública.

Todo eso es pasado y no tienen mucho sentido las lágrimas y recriminaciones por la leche derramada. La pregunta es si vamos a ser capaces de reaccionar, y en esto, más allá del empeño entusiasta que demanda el libreto del buenismo democrático, las incógnitas son enormes. A más de un año de la quema del Metro en Santiago, la actitud predominante en gran parte del arco opositor sigue siendo la de esconder la cabeza, porque siente -equivocándose, engañándose, leyendo muy mal la situación- que la protesta antisistémica los favorece en la medida en que pone en aprietos a un gobierno que los sacó del poder y contra el cual han descargado todo el poder de fuego que la institucionalidad les permite. Desde el rechazo en bloque a proyectos de ley que Piñera necesitaba para gobernar, hasta acusaciones constitucionales recurrentes y sin mayor fundamento. Desde trampas para burlar la iniciativa exclusiva presidencial en materias económicas, hasta bajezas para entorpecer cada una de las medidas de la autoridad sanitaria para controlar la pandemia. Desde el aplauso rendido a “la primera línea”, hasta culpar a las policías de la violencia asociada a las jornadas de protesta. Curiosamente, nada de esto, absolutamente nada, le ha servido a la oposición para mejorar su rating ante la ciudadanía. Y no deja de ser revelador que el Chile supuestamente indignado que despertó en octubre del 2019 no haya podido acreditar ni un solo liderazgo nuevo sobre el escenario político.

Aunque ya sea tarde, la obligación que tiene el sistema político es de reaccionar y de aislar la violencia. La actual ambigüedad a nadie le conviene. Ni al Apruebo ni al Rechazo. Tampoco a un futuro gobierno, sea de izquierda, de derecha o de centro. Los únicos que ganan son quienes -en la misma línea de los fascismos de los años 30- se creen puros, se sienten redentores y están por rechazar los aburridos y poco glamorosos procedimientos de la democracia.

La verdad es que no es solo a la oposición, sus partidos y dirigencias la que está emplazada. También lo está la sociedad civil, particularmente una ciudadanía que durante meses y meses ha condenado de palabra la violencia, pero la ha legitimado en los hechos.

Es cierto que al gobierno le cabe antes que a nadie el desafío de mantener el orden público. Y es también cierto que La Moneda varias veces ha quedado en deuda en este plano. Pero ya va siendo hora de conceder que un gobierno, con las debilidades que tiene la policía uniformada y con el exiguo tamaño de la PDI, no se la puede solo. Es la verdad y es duro reconocerlo. Hay quienes dicen que, siendo así, entonces habría que apelar a las Fuerzas Armadas. Pero no es función de ellas. El orden público corresponde a las policías y su mantención requiere la colaboración de los partidos y de la sociedad civil. Por lo mismo, la reforma de Carabineros es urgente. Necesita más personal, más profesionalismo y mejores tecnologías para el cumplimiento de sus funciones en el marco de la legitimidad democrática. Necesita también recuperar su prestigio.

¿Habrá voluntad política para llevarla a cabo? Si no la hay, mejor sería ni siquiera preguntar acerca de cómo viene la mano.