¿Cuál es la representación política que necesitamos?, ¿podrá la democracia liberal seguir sosteniéndose en los políticos profesionales? Desde tiempos de la antigua Atenas se ha debatido acerca de los sistemas de gobierno, sus características, sistemas ideales y corruptos. Desde el tránsito del ideal de la Politeia (Aristóteles) en las virtudes hasta la descomposición del régimen democrático conocida como demagogia, momento en que la “muchedumbre” pierde el sentido de bien común.
La historia del gobierno de las mayorías ha sido una discusión permanente desde lo teórico y práctico, pero actualmente se enfrenta a un desafío mayor. En efecto, la mayor participación y la constante inclusión de personas y colectivos en los procesos políticos se sustenta hasta hoy en la idea de la representación partidaria, que hoy evidencia una alta desconfianza.
En efecto, hasta hoy el consenso principal del régimen político democrático se ha estructurado sobre partidos políticos, a quienes el pueblo le ha delegado la responsabilidad decisional, por tanto, ellos deben representar a los ciudadanos, canalizar sus demandas y quedar expuestos al escrutinio periódico.
La legitimidad del régimen se ha fundamentado en que todos no pueden gobernar y que el mecanismo que mejor garantizaría los derechos de las personas es el mandato temporal en cargos de representación popular. Así las mayorías se verían representadas y resguardadas en sus derechos fundamentales por la vigencia del Estado de Derecho, el cual limita la posible arbitrariedad de los gobernantes.
Sin embargo, las democracias liberales en la actualidad demuestran apatía y desinterés por lo público en un contexto de “empoderamiento” ciudadano que conlleva un amplio cuestionamiento al sistema de partido como órgano de representación ciudadana. Las claves de la trasformación social estarían en las implicancias de las nuevas tecnologías que tienden a acelerar el cambio en el ethos cultural del homo sapiens, el cual aspira a una sociedad que supere la intermediación en la toma de decisiones en un contexto de mayor autonomía de la conciencia.
En consecuencia, se abren las discusiones relativas a la viabilidad de la democracia directa, según lo permitirían las nuevas tecnologías y una renovada institucionalidad que facilite un cambio sustantivo en la actual distribución del poder político y social, lo que llevaría consigo un ajuste organizativo de la democracia. El desafío está en que ella no deje de ser el régimen que mejor cautela la dignidad de la persona humana, es decir, no se transforme en un nuevo gobierno de muchedumbres individualistas que se extravíen respecto del sentido de la política, cuya finalidad no es otra que el bien común.
Por Jaime Abedrapo, director del Centro de Derecho y Sociedad, U. San Sebastián
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