Desde ese fatídico día -en noviembre de 2023- en que se conoció la grabación en la cual Luis Hermosilla reconocía ante una colega y un cliente que los pagos que, se supone, estaban haciendo a funcionarios del SII y la CMF eran un delito, el denominado “Caso Audio” ha ido creciendo como una bola de nieve, arrastrando a su paso a jueces, fiscales, expolíticos y abogados. Como las faltas a la ética, las irregularidades y los eventuales delitos denunciados son tantos, cuesta seguir cada una de las ramificaciones del caso, así como el estado de avance de los diferentes mecanismos para identificar responsables e imponerles una sanción.
Entre tanta confusión y nuevos desarrollos, es probable que la ciudadanía esté ya saturada de los vericuetos de cada “arista” del caso, y haya concluido que la corrupción no tiene remedio en Chile, añadiendo una dosis importante de pesimismo a un país golpeado por el avance del crimen y del narcotráfico, y que ahora se enfrenta a la posibilidad de que el propio sistema que debe sancionar a los responsables de esos flagelos esté en parte capturado o cooptado. La desesperanza que esto genera puede parecer inocua, pero si la historia contemporánea sirve de guía, más temprano que tarde se traducirá en el desprecio por las instituciones involucradas, actitud que las dejará muy desprotegidas ante eventuales ataques por parte del tipo de aventureros políticos a los que nos tiene acostumbrados esta era de la erosión democrática. Complicando las cosas, el alivio inicial que generará la imposición de las más severas sanciones penales, constitucionales o administrativas a las autoridades involucradas en los diferentes tipos de corrupción que se han denunciado, se esfumará rápidamente si no va a acompañado de un momento constructivo (ya que el imponer sanciones a los culpables es necesario, pero literalmente poco edificante), en que se adopten medidas dirigidas a prevenir la repetición de tan desoladores episodios de transgresión a las más básicas normas de comportamiento.
En este contexto, llama la atención lo equívoco de la acción del gobierno. En efecto, luego de que, en junio pasado, el ministro de Justicia reconociera que “Hay un amplio acuerdo (…) de que el sistema de nombramientos tiene que ser modificado” y de que, hace unas semanas, el Presidente señalara que era importante que “toda persona que se enfrente a la justicia se enfrente en las mismas condiciones que lo haría cualquier chileno sin ningún tipo de privilegio” (valor que, a la luz de lo conocido, aparece como contradictorio con el actual sistema de nombramiento de jueces), el gobierno parece estar arrastrando los pies en la materia, lo que garantiza que nada sucederá, en un país tan presidencialista como el nuestro.
Para un gobierno que ha declarado que la lucha contra el crimen organizado representa una prioridad, el liderar con decisión una reforma judicial que a lo menos aborde un cambio del sistema de nombramiento de jueces aparece como central para viabilizar el combate contra el narcotráfico (que ha aprovechado los intersticios que deja la corrupción judicial en otros países para expandir su influencia). Así las cosas, es de esperar que, aprovechando las no pocas propuestas disponibles, y el consenso generalizado respecto a que el actual sistema de designación de jueces no da para más, el gobierno de un paso tantas veces anunciado como postergado.
Por Javier Couso, académico de la Facultad de Derecho UDP y Universidad de Utrecht
