Columna de Joanna Heskia: El abordaje de las causas complejas

La problemática de la investigación, litigación y juzgamiento de las causas complejas en el sistema procesal penal chileno era un tema que, si bien se entendía conocido por muchos, no había sido objeto de exposición o crítica pública hasta que los graves excesos que vienen ocurriendo en el llamado caso SQM hicieron que estallara. Efectivamente, la opinión pública pudo conocer cómo, en esta causa, los imputados llevan casi cinco años desde que fueran acusados, sin que se haya podido siquiera iniciar el juicio oral.

Lo anterior lleva a una serie de situaciones que colisionan directamente con el derecho a un debido proceso; la igualdad ante la ley y varios otros derechos de envergadura semejante. Estas garantías, que abarcan el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el cual es indispensable para que, como bien señalan los tribunales internacionales, no se neutralice de manera indebida el principio de inocencia, es también necesario, ya que ningún ciudadano está en condiciones de solventar, ni económica ni anímicamente, un proceso penal así de prolongado. Para qué hablar de los recursos fiscales invertidos, entre persecutores, funcionarios públicos de diversas instituciones, organismos auxiliares, policías y jueces que deben intervenir. Si se hace un repaso de cómo funcionan estas causas en jurisdicciones que llevan muchos años más que nosotros con sistemas acusatorios, podemos ver que los excesos como el nuestro no existen.

Es necesario repensar la manera de investigar, la representación de los intereses en juego; no pocas veces existen dos, tres y más organismos estatales sosteniendo la acción además de querellantes particulares, las audiencias en fase de investigación, y, por sobre todo, la audiencia intermedia, la cual, cada vez se aleja más de su naturaleza de preparar la prueba para que se pueda acceder a información de buena calidad para la adjudicación, cumpliendo eficazmente el rol de eliminar toda prueba sobreabundante, impertinente, repetida, además de aquella ilegal. Tal y como llega y se produce la información en el juicio; que puede durar años por la cantidad de prueba y déficits en la manera de litigar, la tarea de dictar una sentencia de manera racional y lógica de acuerdo a la sana crítica, es prácticamente imposible.

Por eso pienso que ha llegado la hora de abordar de manera efectiva este problema, no solo a través del mundo académico, sino que muy especialmente, con representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría Penal Pública y abogados privados que nos toca intervenir de manera regular en este tipo de causas.

Por Joanna Heskia, abogada