Hay desconfianza entre el gobierno de Gabriel Boric y el empresariado. Detrás de las buenas formas que deberían imponerse hoy cuando se encuentren en la Enade, existe, sin duda, recelo mutuo: un Presidente que alguna vez dijo que Chile sería la tumba del neoliberalismo enfrenta a un sector que acusa al gobierno de no generar las condiciones para romper el estancamiento económico.
La nueva mediocridad de Chile ya es cuento viejo. Hace una década que el país casi no crece, lo cual sugiere que el problema compromete mucho más que la gestión de un gobierno en particular. Desde que se acabó el llamado “boom de los commodities”, Chile tiene poco que mostrar. Aunque hay razones políticas que ayudan a explicar el anquilosamiento, como la fragmentación parlamentaria o la polarización, también es cierto que los sectores productivos no son del todo inocentes.
Pese a que los empresarios acostumbran a hablar como si fueran ministros de Estado y a menudo declaran su preocupación por el país, no hay que olvidar lo que son: un grupo de interés. Quizás el episodio de la siderúrgica Huachipato sea la demostración más palpable de esta realidad indiscutible. Una empresa en problemas anuncia el cierre de su planta en Talcahuano, enfrentando al gobierno con un hecho consumado en un año electoral. Después de mucho revuelo, la respuesta “técnica” de la Comisión Antidistorsiones desdice su anterior dictamen y aumenta las sobretasas a las importaciones justo en la medida de lo solicitado por la compañía. El resultado es que los consumidores pagarán más por el acero y la compañía volvería a ser rentable a costa del bolsillo de todos los chilenos.
Los empresarios, que se quejan con razón del estancamiento económico, no han sido capaces de ver la viga en el ojo propio en el caso Huachipato. Los únicos que han alzado la voz son aquellos que, a su vez, pueden ver su negocio afectado, como los exportadores de fruta, que temen que una eventual represalia china vaya por su lado.
Todo lo anterior confirma que, como cualquier grupo de interés, los empresarios velan por su beneficio particular y que en muchas ocasiones este no coincide con el bienestar general de la sociedad. Que sea necesario hacer esta constatación obvia solo ratifica lo lejos que ha llegado la pretensión de ese sector de hablar por el bien común, ejemplificada en la declaración de un expresidente de la CPC esta semana acerca de que “siempre los empresarios van a estar por los intereses supremos del país”. A la hora de tomar decisiones, los poderes públicos deben velar por la comunidad nacional entera. Ello involucra escuchar los reclamos del sector productivo, pero también apreciarlos como lo que son, sin olvidar la defensa de grupos menos organizados, pero igualmente relevantes.
Por Juan Ignacio Brito, periodista
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.