Tras cuatro años de tramitación, el proyecto de royalty minero sigue discutiéndose en el Congreso. Recientemente, luego de seis meses de discusión en la Comisión de Minería del Senado, el proyecto fue aprobado y despachado a la Comisión de Hacienda. Como gremio regional representante de Atacama, consideramos positivo que existan propuestas que incrementen la recaudación fiscal en pro del desarrollo equitativo de todo el territorio nacional, especialmente pensando en una retribución a las regiones productivas de la actividad minera. Sin embargo, hay ciertos elementos todavía muy preocupantes en esta propuesta. Durante estos años, el proyecto ha sufrido diversas modificaciones, considerando las modalidades, tasas y las operaciones mineras (según segmentos de producción) que quedarían adheridas a esta nueva carga tributaria, entre otros aspectos. No todo lo que hemos conocido del proyecto ha sido positivo para nuestras economías regionales, más aún, en diversas ocasiones hemos tenido que levantar alertas serias por el daño que se prevé puede causar, especialmente en la cadena de valor local. En la última versión que hemos conocido del royalty, el punto más inquietante son las tasas efectivas del impuesto, es decir, la sumatoria de todos los gravámenes que deben pagar las empresas mineras por operar en nuestro país, por cuanto afecta al corazón mismo de la sustentabilidad futura de la industria.

Chile compite con otros países mineros por captar inversiones y en los últimos años nuestro país ha ido perdiendo terreno. Esto, debido principalmente a la caída de la ley del mineral en los yacimientos y también por la incertidumbre política y social en la que el país ha vivido en los últimos tres años. Tenemos que ser muy cuidadosos y generar iniciativas que permitan incentivar o, al menos, mantener la competitividad del sector.

El Ministerio de Hacienda, tras sus últimas indicaciones, calculó que la tasa efectiva final sería de un 39%. Lo anterior es muy distante de lo que señalan estudios independientes como los desarrollados por firmas prestigiosas y especialistas reconocidos (CRU, Deloitte, entre otros), los cuales identifican que las tasas efectivas de carga tributaria para la industria minera fluctuarían entre 48% y 50%. Estos análisis incorporan supuestos más cercanos a la realidad de cada operación minera, lo que no está siendo considerado por el gobierno.

En caso de quedar con una carga tributaria en torno al 48 – 50%, de aprobarse tal cual el royalty, se reduciría la competitividad global de la minería chilena, especialmente cuando nos comparamos con nuestro vecino Perú, cuya carga tributaria no supera el 40%. A lo anterior se agrega que sus yacimientos son más jóvenes y polimetálicos, desde el punto de vista geológico. Por eso, es crucial tener claridad y consenso con las cifras.

La minería es una de las principales actividades productivas de las regiones de la Macrozona Norte: genera un 51,9% del PIB local de la Región de Antofagasta, un 35,9% de Atacama, un 33,9% de Tarapacá y un 24,3% de Coquimbo. Asimismo, un 80,5% de la cartera de inversión minera nacional a 2031 se agrupa en estas cuatro regiones.

De continuar tal como está planteada esta propuesta de royalty del gobierno, no hará más que reducir el incentivo y la capacidad de financiamiento para invertir en nuevos proyectos mineros en el país, causando un impacto negativo en las economías regionales y en la recaudación tributaria potencial del país.

Creemos firmemente que aún queda espacio para mejorar la fórmula de cálculo del royalty minero y permitir así que la industria minera continúe contribuyendo al desarrollo de Chile como productor líder de los minerales que el mundo actual demanda. Necesitamos un marco de tributación que entregue certezas y confianza a los inversionistas, por lo que una buena idea podría ser la de fijar un límite máximo del 40% a la carga tributaria efectiva.

Por Juan José Ronsecco, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama