Columna de Julio Peña: Reforma a la Ley de Pesca: ¿Qué futuro queremos?
Existe un proyecto inicial de reforma (A), presentado al Congreso en diciembre 2023, que se discute artículo por artículo, como debe ser. Otro (proyecto “express”, B) ingresó al Congreso hace algunas semanas.
El proyecto B sólo tiene un par de artículos: uno transfiere de forma permanente cantidades significativas de cuotas de pesca al sector artesanal. En la última reforma legal (2013) el incremento en el fraccionamiento de cuotas a favor del sector artesanal implicó un regalo para este sector de unos US$50 MM. Ahora el monto del regalo sería aún mayor. El otro artículo (válido sólo para los dos primeros años de vigencia de la nueva ley) busca más recaudación fiscal a corto plazo: permite subastar todo el incremento de la cuota global anual para jurel, en su fracción industrial, que no supere por más de 15% a la cuota del año previo. Es curioso que estos incrementos de cuota, de ocurrir, forman parte de los derechos de pesca que ya se adjudicaron vía subasta en diciembre 2017. Tenemos aquí una nueva forma de recaudación fiscal: ¡Cobrar de nuevo por un derecho por el cual ya se pagó al Fisco en una licitación previa!
Respecto del proyecto A: dice que busca promover la competencia y eficiencia en el sector, permitiendo entrada de nuevos actores y disminuyendo la concentración. Para ello propone aumentar las cuotas de pesca que se licitan desde 15% al 50% de la fracción industrial y reducir la duración de las licencias de pesca de 20 a 10 años. Lamentablemente, el diagnóstico que supuestamente justifica estos objetivos, y el uso de los instrumentos que propone, está errado.
Subastar derechos de pesca en una industria con inversiones ya consolidadas, con capacidad productiva excedentaria y con diversos activos (no sólo naves) que tienen valor de uso muy específico al negocio pesquero (muchos de ellos costos hundidos, por lo tanto), no generará entrada de nuevos actores eficientes. Esos costos hundidos representan genuinas ventajas de competencia (lícitas y eficientes) a favor de las empresas ya en el negocio. En este mundo la ausencia de entrada y la consolidación industrial no reflejan falta de competencia ni ineficiencia. Al revés, son resultado de buscar nuevas eficiencias y así poder competir en un mundo globalizado.
En el historial chileno (desde fines del 2015) con numerosas subastas de cuotas de pesca ya ocurridas, no se observa entrada de nuevos competidores. Los “nuevos” actores que han adquirido cuotas (LTP) en subastas son artesanales que ya participaban en esas pesquerías: como proveedores regulares de plantas de proceso cuyos propietarios son los mismos industriales que les han cedido el uso de sus cuotas (dada la restricción de pesca artesanal exclusiva en las primeras 5 millas). Estos arreglos reflejan colaboración eficiente entre artesanales e industriales, no falta de competencia.
Las reformas propuestas en el proyecto A sólo pueden tener como objetivo aumentar la recaudación fiscal, buscando apropiarse de una mayor porción de la renta pesquera que crea el emprendimiento privado. Pero incluso si pensamos sólo en este objetivo, surgen dudas sobre la conveniencia de lo propuesto: ¿son subastas más frecuentes y más masivas, con la evidente mayor incertidumbre que generan para la planificación comercial a más largo plazo, el mejor instrumento para resolver la negociación social sobre cómo redistribuir la renta pesquera? Islandia desde hace tiempo usa una solución más simple. Cobra un fishing fee a cada barco con asignación de cuotas de pesca, en función de las capturas desembarcadas. La negociación política sobre cómo redistribuir renta pesquera se centra en definir ese valor.
¿Se logra promover la eficiencia quitando cada vez más renta a los participantes más eficientes en el mercado? ¿Se quiere condenar a la pesca industrial chilena – y a los miles de trabajadores que dependen de esta actividad- a un futuro mediocre, impidiéndoles disponer de una proporción razonable de las rentas que ellos crean, contribuyendo a producir más progreso económico y mayor bienestar social? ¿Con qué horizonte queremos diseñar la política pública para el sector pesquero? Churchill ya advirtió al respecto: “El Político piensa en la próxima elección. El Hombre de Estado en la próxima generación.”
Por Julio Peña Torres, Ph.D. en Economía, Investigador Clapes UC
