Desde el año 2003, cada NUEVE de diciembre se celebra el día internacional contra la corrupción, en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre la materia que se celebró ese año.
Es inevitable hacer esta pregunta ¿Cómo estamos en Chile? Creo que es indispensable retomar el impulso reformador que existió en distintos momentos de la política nacional, y que fue forjando reglas, instituciones y mecanismos que ponen a la integridad como uno de los pilares de nuestra democracia.
¿Qué hacer? Comparto la necesidad de aumentar sanciones y penas, pero creo que la prevención es esencial. Se debe que combatir la corrupción reduciendo los espacios en que se produce, eso se hace con más y mejor trasparencia en las decisiones públicas y en el accionar de quienes cumplen funciones públicas, sean o no parte del Estado.
Para avanzar, comparto cinco ideas:
1. Se debe reformar la ley del lobby y regular de verdad a los lobistas. Crear un estatuto de transparencia obligatorio para los lobistas, obligando a declarar periódicamente quienes son sus clientes, en que materia hacen lobby y que autoridades intentan influir. Esto se hace en todo el mundo desarrollado. La obligación se debe extender a todos quienes intentan influir en las decisiones públicas, no importa si se llama centro de estudios, academia o iglesia, si se trata de influir, se debe que transparentar.
2. Las entidades privadas que reciben cotizaciones obligatorias de los trabajadores deben tener estándares de transparencia obligatorios, incluyendo declaraciones de intereses y patrimonios y transparencia activa: Isapres, AFP, Mutuales de seguridad etc. Si es obligatoria la cotización, deben someterse a estándares. Lo mismo con todos quienes reciban aportes directos del Estado para funcionar
3. Hay que pensar no en denuncias solamente anónimas, sino en denuncias protegidas sobre hechos de corrupción en el Estado y el mundo privado. Lo que se hace en otros países es establecer canales de denuncias por irregularidades o hechos de corrupción, con un entorno seguro para el denunciante, donde se pueda dialogar con él, revisar los antecedentes, establecer un procedimiento, procurando la completa reserva de su identidad. Las denuncias anónimas actuales en Contraloría, donde hay un formulario online que se llena, pero nunca se habla con el denunciante, si bien es un progreso, no es totalmente conducente al objetivo buscado. Existe un proyecto de ley de la anterior administración, desde enero en comisión mixta, el que, siendo un avance, pero no resuelve enteramente el punto.
4. Se debe avanzar en integridad en gobiernos municipales y regionales, con mucho apoyo y capacitación a sus funcionarios. SUBDERE debe crear un programa especial al respecto.
5. Es fundamental un sistema de estadística y monitoreo propio sobre la situación de corrupción en el país, que debe ser parte de la labor del INE o del Consejo para la Transparencia. No medir precepción de corrupción, sino experiencia de corrupción, en la línea de los indicadores de victimización que existen en seguridad ciudadana. Como es obvio, nadie en una encuesta va a admitir actos de corrupción, pero quienes de primera o segunda mano lo presencian, planteando las preguntas correctas, pueden revelar lo que verdaderamente está pasando. Los indicadores actuales, en base a valoración que realiza un grupo de expertos a través de encuestas a la población, para saber la percepción de la gente con respecto a los niveles de corrupción, creo que son insuficientes. Si vamos a dar la batalla contra la corrupción, debemos saber si estamos avanzando de verdad o no.
Estas ideas pueden sumarse a otras más, pero lo importante es retomar la prioridad política, aquel impulso reformador que permite reducir al mínimo los espacios de corrupción en el país.
Marcelo Drago, abogado, MPA Harvard University, ex presidente del Consejo para la Transparencia.
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