Hace algunos días, un consejero republicano señalaba que la seguridad demanda un mayor compromiso del Estado que la equidad entre hombres y mujeres, para luego matizar su intervención, relevando la situación de las mujeres afectadas por el problema de seguridad, y señalando que todos merecen vivir en un entorno libre de violencia. Efectivamente, entre quienes sufren a causa de la situación en seguridad, hay mujeres. Pero de poco sirve evidenciar el “componente mujer”, si no analizamos cómo y en qué medida la variable de género nos permite enfrentar de mejor manera el fenómeno delictual.
De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, este año, los Delitos de Mayor Connotación Social(DMCS) -robos, lesiones, homicidios y violaciones- consideran 84.544 víctimas mujeres y 139.636 víctimas hombres. ¿Quiere esto decir que las mujeres sufren menos a causa del fenómeno delictual? Yo diría que no. Si a las cifras correspondientes a los DMCS agregamos aquellas sobre violencia intrafamiliar, abusos sexuales y otros delitos sexuales, el número de mujeres víctimas crece a 141.475, y el de hombres a 154.482. Con ello, se hace visible que lo que consideramos más grave y reconocemos como más evidentemente delictual requiere de mayor escrutinio.
La perspectiva de las mujeres ha estado ausente en esta materia. De ahí que el delincuente prototípico sea un hombre desconocido. No el marido, conviviente, pololo, o ex que maltrata a su pareja. Este último es el hombre que seguimos fallando en identificar como delincuente.
En el contexto del debate constitucional, debemos esforzarnos por establecer elementos que permitan una mejor respuesta estatal en seguridad. Sin duda necesitamos más y mejor seguridad. Pero, ¿seguridad para quiénes?
La nueva Constitución debe asegurar a todas las personas el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, tanto en el ámbito público como privado, y consagrar el deber del Estado de proteger el ejercicio de tal derecho, mediante una política de prevención de la violencia.
Por otro lado, la protección de las víctimas es fundamental. Y aquí debemos insistir en la consideración de aquellas víctimas cuya perspectiva sigue estando ausente. Esto no se trata de buscar un tratamiento especial. Se trata de incluir a quienes hoy no son consideradas: a las mujeres cuyas denuncias por maltrato habitual ni siquiera dan lugar a la apertura de una investigación; a las que sufren violencia de sus parejas y están en mayor peligro de ser víctimas de femicidio; a las víctimas de delitos sexuales, que deben someterse al estándar de “víctima perfecta” para que su historia no sea invalidada antes de ser siquiera escuchada.
Lo que sí me parece que se acerca peligrosamente a un tratamiento especial son algunas de las enmiendas presentadas por republicanos en esta materia. De su análisis, se aprecia una tendencia: existen algunos delitos que aparecen como más importantes, a cuya persecución y sanción se otorga prioridad, y cuyas víctimas son priorizadas. Esto se aprecia con especial claridad en la enmienda 33/2, que agrega a la norma que dispone que las víctimas dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, la siguiente frase: “especialmente tratándose de casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas”.
Habría entonces que preguntarse, ¿quieren a todo Chile los consejeros y consejeras que priorizan a algunas víctimas por sobre las demás?
Por María Pardo Vergara, consejera constitucional, profesora de Derecho UCN
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