Columna de María Paz Arzola: Hacia un mejor (y no necesariamente mayor) gasto público



Desde alrededor de $ 450 mil en 1990 hasta casi $ 2 millones en 2019 subió en términos reales el gasto social per cápita del Estado, que se obtiene de dividir el total ejecutado por la población proyectada por el INE para cada año. Es decir, un alza de más de cuatro veces por persona. Esto considera, entre otros, los programas e iniciativas en materia de educación, salud, vivienda y protección social. En 2021, en tanto, dicha cifra alcanzó los $ 3 millones debido a la inédita entrega de apoyos por la pandemia -en particular el Ingreso Familiar de Emergencia-. Todo esto da cuenta del aumento sostenido que ha experimentado el gasto público que, sin embargo, pareciera no estar internalizado por aquéllos que piensan que la solución a las problemáticas sociales que afectan al país pasa por seguir engordando las arcas fiscales y asfixiando a los ciudadanos con mayores impuestos.

Lo cierto es que hay una alternativa que a menudo los gobiernos pasan por alto, pues les exige a sí mismos un mayor esfuerzo, y que tiene que ver con revisar la manera en la cual se están gestionando los recursos, mejorando la eficacia y eficiencia de los programas e iniciativas a las cuales estos se destinan y reasignando hacia las materias prioritarias o de mejor desempeño. En ese contexto, en los últimos años desde la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Desarrollo Social se han hecho importantes esfuerzos por monitorear cada uno de los programas que componen la oferta pública, de manera de identificar falencias en su funcionamiento y encontrar espacios de mejora. Pero ese es apenas el primer paso.

Un análisis realizado por Libertad y Desarrollo encuentra que de los 699 programas e iniciativas que fueron monitoreadas el último año hay un 27% que presenta alguna deficiencia en su diseño, ya sea en términos de focalización en la población elegible o en sus criterios de eficiencia y eficacia, lo que posiblemente afecta su funcionamiento y con ello la posibilidad de dar cumplimiento a los objetivos por los cuales fueron creados. Así, de un gasto total de US$ 51,5 mil millones, éstos suman más de US$ 14 mil millones (aprox. 4,5% del PIB). Si bien ello no implica que deban ser eliminados -en algunos casos bastará con realizar cambios puntuales-, sí debiera llevarnos a exigir una mejor gestión por parte de las autoridades a cargo, así como a ser más desconfiados de quienes con facilidad lanzan promesas de mayor gasto en programas de dudoso desempeño.

Así también, ad portas de la discusión de la Ley de Presupuestos 2023, en la cual el gobierno presenta al Congreso sus planes de gasto para el próximo año, es importante ser cautos con los compromisos que éste contraiga. Pues un mayor gasto no asegura un buen gasto y, en tiempos de vacas flacas como los que vienen, quizás sea el momento propicio para ponerse como objetivo avanzar de una vez por todas en lo segundo.

Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo

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