Columna de Max Colodro: Sobre el límite

No habíamos visto un atentado directo hacia civiles”, señaló el viernes Izkia Siches en relación con el asesinato en Lumaco de Segundo Catril. La ministra parecía desconocer el largo historial de víctimas que ha dejado la violencia en la zona desde hace muchos años. No sabemos si la ministra volvió a transmitir una información equivocada o si fue mal entendida, pero el problema de fondo no es ese, sino el eco que sus palabras dejaron otra vez en evidencia.

Las expresiones de Siches no tendrían las actuales connotaciones si no fuera porque ya intentó bajarle el perfil a los balazos con los que fue recibida en Temucuicui, y porque decidió no querellarse frente a ellos; lo mismo que el gobierno optó por no hacer frente a la declaración de guerra del líder de la CAM, y por las resistencias que ha mostrado frente al imperativo de imponer un estado de excepción en la zona. En síntesis, las palabras de la ministra hoy resuenan porque estamos frente a un gobierno que de manera sistemática ha buscado relativizar la gravedad de la violencia en la Macrozona Sur.

Esta semana, frente al incendio de buses y las llamas en el Instituto Nacional, la vocera de La Moneda afirmó que “la violencia daña la democracia”. Una declaración increíble viniendo de una ex dirigente estudiantil y exdiputada, perteneciente a un partido y a una coalición política que se han dedicado a justificar y contextualizar la violencia política, sobre todo a partir del estallido social. Quienes estuvieron años avalándola, los que nunca dejaron de insistir en que ella era la respuesta legítima frente a las injusticias y los abusos del “sistema”, ahora nos dicen que “la violencia no es el camino” y que “daña la democracia”. Simplemente impresentable.

Lo único que se puede concluir es que para las fuerzas políticas que hoy gobiernan la violencia tiene un carácter muy distinto y merece valoraciones muy diferentes, dependiendo de si gobierna la izquierda o la derecha. Ese es el problema de fondo, lo que ha terminado por normalizar la violencia en amplios sectores de la sociedad, en especial, en los más jóvenes. Cuando se abre la puerta a la violencia política en democracia es muy difícil volver a cerrarla. En rigor, la desaparición de ese límite es el principio del fin de la convivencia civilizada, el camino a la barbarie; y esa es la frontera que en los últimos años un sector político decidió traspasar.

Cuando eran oposición jamás estuvieron dispuestos a defender y no violar ese límite. Líderes y parlamentarios de izquierda llegaron a ovacionar de pie a los encapuchados en el ex Congreso y ahora, ¿la violencia daña la democracia? Lamentablemente, el gobierno descubrirá que el único camino para restablecer el monopolio de la fuerza del Estado es duro y doloroso. Y que tiene costos políticos muy altos. Sobre todo, porque la consistencia política y ética es uno de sus basamentos indispensables. Y quienes hoy gobiernan han dado sólidas pruebas de lo contrario.