Columna de Michèle Labbé: “Cuestión de Incentivos”

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"Ser juzgados por las consecuencias de sus actos y decisiones (votos) es la única opción, para que de una vez por todas, quienes están a cargo de las decisiones de un país dejen de legislar y gobernar para ellos mismos y lo comiencen a hacer para los ciudadanos."



Acabamos de comenzar el mes de febrero, mes de receso parlamentario, ¿qué mejor momento para pensar en cómo redefinir su trabajo, para que en vez de tener incentivos para tomar decisiones que los beneficien en forma personal, los tengan para tomar decisiones que beneficien a los ciudadanos en forma general?

En economía existe una teoría llamada inconsistencia temporal, que dice que existen situaciones en las cuales las personas tienen incentivos a tomar decisiones de corto plazo que no son consistentes o no les permiten alcanzar sus objetivos de largo plazo.

Existen muchas situaciones en que se puede dar el dilema de la inconsistencia temporal, pero uno de los más típicos, conocidos y dañinos radica en el ciclo político.

Los políticos, y en especial los parlamentarios y gobierno, ambos elegidos por voto popular en democracia, deben velar por diseñar y legislar leyes y políticas económicas y sociales que permitan que los países logren su mejor opción de desarrollo, para ello se discuten leyes que definen el destino de los países, pero lo hacen en circunstancias complicadas.

La complicación radica en que muchas veces lo mejor para un país no es lo más popular, y por lo tanto, si existe una elección cercana, o los períodos en los cuales se producen las elecciones son cortos, los incentivos de los políticos apuntan a tomar decisiones populares y que les reditúen en más votos – y que les permitan re-elegirse ellos o sus partidos – en vez de apuntar a tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de un país.

Un ejemplo de inconsistencia temporal, que está fresco en nuestra memoria, es el de los retiros de los fondos de pensiones. Durante el último año de gobierno del Presidente Piñera se discutieron al menos cinco proyectos de ley para retirar parte de los fondos de pensiones ahorrados por los trabajadores en sus cuentas de ahorro individual. Pese a que se explicó, en innumerables ocasiones, que ello provocaría inflación y que generaría un problema futuro de pensiones, tres de estos proyectos fueron apoyados por la mayor parte de los parlamentarios por ser propuestas muy populares en la población y permitirles obtener votos que estaban disputando en la elección de fin de año.

El resultado fue el esperado, los incentivos de corto plazo llevaron a los parlamentarios a votar por los retiros, generando una inflación que no se había sufrido en Chile en los últimos 30 años, dañando con más fuerza a quienes se supone que se quería proteger, es decir a los chilenos de menos recursos.

Esto es, que una decisión que permitió que en la elección presidencial y parlamentaria fueran elegidos quienes estuvieron a favor de estas políticas, nos llevó a que hoy nuestro país esté siendo dirigido por quienes tanto daño le han hecho y le siguen haciendo a los chilenos.

Este problema no es exclusivo de nuestro país, ni es nuevo en la historia del mundo, pero definitivamente impide que los países progresen y lo que es peor, genera daño y sufrimiento a los ciudadanos con menos recursos.

El problema está es que los incentivos no están alineados con los objetivos del país, sino con los objetivos particulares de los políticos, y por lo tanto, la solución radica en alinear dichos incentivos.

El tema no es fácil de abordar, pero se me ocurren dos formas alternativas de hacerlos. La primera es prohibir que los parlamentarios puedan votar leyes que tengan efectos en el corto plazo durante el período de elecciones. Por ejemplo, prohibir que los parlamentarios puedan votar una ley que permita retirar fondos de pensiones que llegarían a sus dueños antes de la elección durante los nueves o seis meses antes de una elección.

Una segunda opción, que se puede agregar a la anterior, sería la que tenemos la mayor parte de los trabajadores, sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Esto implicaría que si los parlamentarios votan leyes que terminan generando pobreza, tal como lo hará la reforma tributaria que hoy está en el congreso, o terminan generando inflación, desempleo o menores pensiones, como son los proyectos de ley de pensiones o de 40 horas, que los parlamentarios puedan ser juzgados por ello, y por lo tanto, que estén expuestos a las consecuencias de largo plazo de sus acciones.

Ser juzgados por las consecuencias de sus actos y decisiones (votos) es la única opción, para que de una vez por todas, quienes están a cargo de las decisiones de un país dejen de legislar y gobernar para ellos mismos y lo comiencen a hacer para los ciudadanos.

* La autora es economista.

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