Es de público conocimiento que, en Chile, la violencia se ha incrementado en los últimos años. Lamentablemente, este fenómeno arraigado principalmente en los delincuentes, también se ve reflejado en diferentes acontecimientos de carácter deportivo, como son los partidos de futbol y sus barras bravas.
Estas barras bravas surgieron a raíz de una combinación de factores sociales, económicos y culturales. Entre las causas más importantes se incluyen la falta de oportunidades para los jóvenes, la desigualdad socioeconómica, la influencia de organizaciones criminales y la pasión desmedida por el fútbol.
Para enfrentar a estos grupos organizados, las autoridades han realizado variados esfuerzos, principalmente con las policías, para minimizar los desmanes, desórdenes y daños que provocan, que se suman a hechos delictivos, de violencia y agresiones, que afectan a la comunidad en su conjunto.
En una simple comparación, en Inglaterra y Europa, la solución a los hechos de violencia ocurridos en los estadios incluyó la combinación de medidas legales más estrictas, implementación de mejoras en infraestructura, sistemas para la identificación de asistentes, y programas de educación y prevención. Además, la introducción de asientos numerados y la eliminación de las áreas de pie en los estadios fueron cambios significativos para aumentar el control de las multitudes, la tranquilidad en los eventos deportivos y la disminución concreta de la delincuencia.
Tras la denominada “tragedia de Heysel”, el 29 de mayo de 1985, en Bruselas, Bélgica, donde murieron 39 aficionados (la mayoría italianos) a manos de hooligans ingleses en la final de la Copa de Europa entre Liverpool y Juventus; y la menos conocida “tragedia de Valley Parade”, ocurrida solo dos semanas antes en la tercera división británica, en Inglaterra se introdujeron leyes específicas para combatir la violencia, mejorando la seguridad en los estadios y prohibiendo la entrada a individuos conocidos por su comportamiento violento o con antecedentes penales.
En Chile se han tomado iniciativas para aumentar la presencia policial en el área pública alrededor de los estadios, en partidos con mayor nivel de riesgo, y se ha colaborado con los clubes para identificar a los líderes problemáticos de las barras bravas. La acción policial se ha concentrado, principalmente, en prevenir, vigilar y, cuando es necesario, intervenir.
No obstante, los hechos muestran con creces que faltan drásticas decisiones, y en las que deben participar todos: el Estado, la policía, el fútbol y la empresa privada. Las soluciones para frenar la violencia en los estadios de fútbol no llegarán si no hay voluntad política, si los clubes no están dispuestos a invertir, si las leyes no son endurecidas, pero, sobre todo, si la norma no es aplicada, controlada y medida su efectividad; y si no se empodera y respalda legalmente el actuar de la seguridad privada en estos recitos.
Recientemente, el gobierno dio a conocer algunos alcances que tendrá la nueva Ley de Seguridad Privada gestionada por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esperamos ahora un reglamento que le dé operatividad eficaz y eficiente, entre otros, para poder controlar la violencia en los estadios.
Por Miguel Ángel Ramírez, presidente Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada de Chile
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