Columna de Nicolás Eyzaguirre: Propuesta constitucional. Una mirada condicional

03 Noviembre 2021 Entrevista a Nicolas Eyzaguirre, Economista, ex ministro de Hacienda. Foto: Andres Perez03 Noviembre 2021 Entrevista a Nicolas Eyzaguirre, Economista, ex ministro de Hacienda. Foto: Andres Perez

"Habrá concurrencia del Ejecutivo para leyes que irroguen gastos, un Banco Central autónomo y un derecho de propiedad más resguardado que en la media de los países Ocde. Hay varias disposiciones poco satisfactorias a mi modo de ver, pero no estructurales, por lo que es del todo posible ajustarlas a futuro y no ameritan un salto al vacío"



Los economistas solemos evaluar la calidad de las acciones teniendo en cuenta las restricciones que se enfrentan. Lo contrario, argüimos, es populismo o utopía. Apliquemos ese enfoque a esta evaluación preliminar de la propuesta constitucional.

Y las restricciones aquí son políticas. Idealmente lo(a)s constituyentes debieran estar sujetos al velo de la ignorancia, en el sentido de Rawls. Si quienes formulan la propuesta no conocen cuáles serán sus circunstancias específicas, buscarán el bien común y se apartarán de la defensa de intereses especiales. ¿Estuvo tal opción disponible? No. La opción más cercana -selección aleatoria de sus miembros- no ha dado resultado (Islandia) y no tuvo acá apoyo alguno.

Una segunda opción era elegir en listas cerradas, con pactos de partidos e independientes asociados a tales. Competirían así proyectos globales de nueva Constitución, con mediaciones ya procesadas en estos idearios entre los múltiples intereses específicos potencialmente en conflicto. Y para darles credibilidad, debían ser suscritos por instituciones -partidos- con una cierta historia en defensa de esos ideales enarbolados. El carácter cerrado de la lista permitiría haber acomodado la paridad de género y los escaños reservados a elegir. No tuvo apoyo.

Y la decisión tomada optó por un modelo, en contrario, que daba máxima representación a intereses específicos, que se potenciaban unos con otros en listas de independientes y en el modo de elección de los escaños reservados. Sabemos que en eso tuvo mucho que ver el descrédito de los partidos políticos lo que, paradojalmente, se explica en buena parte por nuestro ordenamiento actual.

El resultado, previsible, fue que los partidos alcanzaron una disminuida representación en relación a la que ostentan en el parlamento, con la derecha situada dieciséis puntos porcentuales debajo de lo que conseguiría poco después en las parlamentarias, mientras la izquierda y la centroizquierda tuvieron una merma inferior, pero significativa.

Pues bien, las críticas al comportamiento y planteamientos de los independientes no se hicieron esperar, con el fuego más nutrido desde la derecha. Y eran convencionales elegidos justamente en virtud de un método que esos mismos críticos habían concordado. ¿Que podíamos esperar de las propuestas de grupos identitarios que han hecho del objeto de su lucha una dimensión completamente intransable? ¿O nos sorprendemos de que grupos ecologistas propusieran impedir la minería en la cordillera? ¿O que representantes de los PPOO levantaran textos que otros califican como “indigenistas”?

La evaluación condicional del resultado nos lleva entonces a dos preguntas: i) ¿fue posible o sería posible si gana el rechazo reconstruir una nueva instancia constituyente legítima que atenúe la representación de intereses especiales? y ii) ¿ofrecerá el texto propuesto unas reglas superiores al texto vigente, dado el súper quorum del pleno, en términos de permitirnos construir un camino común de paz social y prosperidad?

Mi impresión frente a la primera pregunta, y, sobre todo a su segunda parte, es que no. No pareciera que en el intertanto los partidos se hayan prestigiado y creo que un intento de generar una nueva instancia con más peso de las corrientes políticas establecidas nacería muerto. ¿Significa eso que debemos aprobar cualquier texto? No. Para aceptar, es preciso tener una visión aunque fuera moderadamente positiva de la segunda pregunta. Reconozcamos, no obstante, que de rechazar quedaríamos con un inquietante vacío cuyo llenado sería extremadamente difícil de acordar y legitimar.

Aún sin el texto final, creo que este cumplirá con esa exigencia mínima. Para ello quisiera destacar ciertos aspectos. El primero es que las reglas para cambiar la propia Constitución y aprobar las leyes serán más flexibles. Como se ha dicho, es el inicio de un camino, en el que se deberán arbitrar muchas otras disposiciones para completar el texto propuesto y algunas también para reformularlo en ciertos aspectos. Eso contrasta con la extrema rigidez del actual texto, que explica en buena parte la crisis a la que llegamos.

El segundo es que ofrece un razonable balance entre mayorías y minorías, con un Ejecutivo y dos cámaras, todos elegidos de modo independiente y con distintas fórmulas, que se contrapesan unos con otros. El Poder Judicial conservará su independencia, si evaluamos la propuesta a la luz de la regulación de países más desarrollados.

Si algo el texto abunda más en contrapesos que en fórmulas que incentiven el consenso; en eso, el texto hace pocos progresos, pareciera como acción y reacción a las propuestas de los independientes más radicales. Quedará remitido a la ley el modo de elección del congreso de Diputado(a)s, lo que en mi opinión es la pieza complementaria de lejos más importante. Esta deberá ser resuelta por el actual Congreso.

Finalmente, el quorum del pleno ha operado para garantizar la estabilidad económica. Habrá concurrencia del Ejecutivo para leyes que irroguen gastos, un Banco Central autónomo y un derecho de propiedad más resguardado que en la media de los países Ocde. Hay varias disposiciones poco satisfactorias a mi modo de ver, pero no estructurales, por lo que es del todo posible ajustarlas a futuro y no ameritan un salto al vacío.

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