Según Cadem (24/09/2023), un 76% de los encuestados se inclinaría a votar a favor “si el texto da estabilidad al futuro del país”. Quedando menos de un mes para conocer la propuesta definitiva de nueva Constitución que se plebiscitará en diciembre, tras la aprobación de las observaciones de la Comisión Experta, ya podemos anticipar varias normas. Pese a que aún queda por discutir, es posible afirmar que el texto aprobado al momento nos puede aportar más estabilidad, tanto en lo social como en lo político y en lo económico. Veamos.

En lo social, se consagra un Estado social y democrático de derecho, el cual, conforme a las mismas bases del proceso que nacen fruto del Acuerdo por Chile, se sustenta en cuatro pilares: reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales; promoción del desarrollo progresivo de los derechos sociales; con responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas. Existiendo múltiples maneras de concebir el Estado social de derecho, el adoptado es uno respetuoso de las libertades de las personas y reconoce la importancia que ha tenido el sector privado en la provisión de derechos sociales en nuestro país, permitiéndole a las personas elegir. Asimismo, se añaden nuevos derechos sociales (por ejemplo, a la vivienda adecuada), todos ellos garantizables vía acción de protección, pero con el resguardo de que la prestación debe estar reglada expresamente en la ley y prohibiendo expresamente a los tribunales de justicia definir o diseñar políticas públicas para realizar estos derechos.

En lo político, es posible entrever un cambio sustantivo. El umbral del 5% para acceder a escaños en la Cámara de Diputados, la pérdida del escaño en caso de renuncia al partido, la disminución en el número de parlamentarios y -la más importante tal vez- la reducción de la magnitud distrital, son algunas medidas que apuntan a disminuir la excesiva fragmentación política que existe hoy y que pueden permitir mayor gobernabilidad. Difícilmente estos cambios puedan darse en sede legislativa, siendo todos los actores incumbentes.

En lo económico, la propuesta mantiene elementos que han sido esenciales para el desarrollo económico de nuestro país, tales como una protección robusta del derecho de propiedad, la libertad para emprender, la autonomía del Banco Central, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gasto, entre otros; pero también se hace cargo de temáticas y desafíos del mundo de hoy, siendo una de las novedades más significativas la incorporación de un capítulo de protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo.

Todas estas normas, más la especial importancia que se le da a la seguridad y el quórum de 3/5 para reformar la Constitución (en vez del actual de 4/7), pavimentan el camino a una mayor estabilidad. Por el contrario, mantener el statu quo con la Constitución actual, en un contexto de eternos cuestionamientos a la misma, difícilmente pueda contribuir a ello.

Por Pilar Hazbun, coordinadora Programa Legislativo LyD