El Presidente parece estar llegando a la conclusión de que su giro a la moderación tiene beneficios muy limitados. No le ha permitido ampliar su base de apoyo ciudadano y no hay motivos para pensar que lo pueda hacer. Su aprecio, tardío pero valioso, sobre la seguridad y el crecimiento económico, siguen pareciendo más resignación que convicción. Tampoco ha mejorado sus perspectivas de acuerdos con un Congreso donde necesita votos ajenos y no tiene asegurados los propios. La moderación sólo le ha dado gobernabilidad. No es poco, pero es expresión de la prudencia, una virtud tímida que la contingencia no permiten aquilatar.
Boric ha pagado ciertos costos por su moderación y seguramente pagará otros mayores cuando termine su mandato. Una parte de la izquierda no le perdonará haber tenido la cabeza de las Isapres y las AFP en la guillotina de los fallos de la Corte Suprema y los retiros, y no haber dejado caer el filo. Las organizaciones de la sociedad civil que habían sido alimentadas con la expectativa de una posición privilegiada en la gobernanza de materias de su incumbencia, pasaron de la distancia a la crítica. El presidente de la CUT ha acusado el “aislamiento de las organizaciones sociales”. Organizaciones medioambientales como Terram, FIMA y OLCA han advertido la renuncia de este gobierno a ser uno ecologista y la coordinadora feminista 8M ha declarado que este no es su gobierno.
Nunca en los últimos 35 años, los roles de jefe de gobierno y de Coalición que debe cumplir un Presidente, habían estado en tanta tensión. Casi todo lo que mejora su perspectiva de gobernabilidad, empeora su posición respecto de los partidos y organizaciones que lo erigieron. Esta tensión es la que explicará, en mayor medida, el comportamiento del gobierno en estos dos años electorales. Nada muy distinto de lo que hemos visto desde que se rechazó la primera propuesta de Constitución en septiembre de 2022, salvo por un aparente cambio en la estrategia.
Ya cuando aquella derrota parecía probable, el gobierno optó por administrar la ambigüedad que latía en el oficialismo. Los estados de excepción (primero acotados, luego en plena regla), Isapres y pensiones, entre otras, entraron en esa categoría de posiciones abiertas a la interpretación que pretendía no dejar ganadores ni perdedores. Hoy, con la paciencia de sus partidarios agotada, prefiere administrar contradicciones: permitir que las distintas sensibilidades oficialistas se expresen en proyectos, aunque estos puedan colisionar con otros objetivos. Así, puede llamar a generar acuerdos y anunciar un proyecto divisorio como el aborto, impulsar el crecimiento y proponer legislar sobre negociación ramal.
Probablemente, el Presidente mantendrá la gobernabilidad como primer objetivo de su mandato, pero atenderá cada vez más las demandas de su sector. Quizás suponiendo un próximo gobierno de derecha, se está preparando para que los suyos lo sigan reconociendo como un progresista una vez que entregue la banda presidencial.
Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP
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