Mientras crece en el electorado la intención de votar “En Contra” de la propuesta que está elaborando el Consejo Constitucional, también lo hace la incertidumbre respecto de qué hacer si esta opción resulta ganadora. En otras palabras, habiendo fallado el proceso original de cambio constitucional post estallido social, y con altas probabilidades de que también lo haga el Plan B, ¿hay piso para pensar en un Plan C?

Resulta evidente que Chile no resiste otro proceso constitucional como el anterior y el actual. Nuestra democracia, paradójicamente, necesita un par de años sin elecciones -respiro que tendríamos recién en 2026- y que el calendario electoral que aún resta por cumplir durante este gobierno, no incluya nuevas papeletas ni fechas adicionales. Después de dos procesos fallidos, es difícil que un tercero tenga una apariencia distinta a la de un mal chiste. Pese a que las encuestas indican que las personas siguen deseando ampliamente una nueva Constitución, tendremos que reconocer que la oportunidad constituyente, como la hemos conocido en los dos últimos intentos, habrá pasado dejando poco productivo, salvo las muchas lecciones de lo que no conviene hacer y la sobria diligencia con que trabajó la Comisión Experta, una experiencia que merece ser rescatada.

Entonces, habrá que esperar un nuevo momento en que, obligados por las circunstancias o impulsados por las convicciones, podamos iniciar una nueva discusión sobre el orden que nos queremos dar. El asunto es que ese momento llegará, y muchos actores forzarán las circunstancias para que llegue pronto. Nuestros próximos años probablemente no encontrarán ni los acuerdos, ni las políticas públicas en materias de máxima prioridad ciudadana, ni el crecimiento económico como para pensar que el cambio constitucional no vuelva a ser una carta que despierte pasiones y esperanzas en la ciudadanía. De rechazarse esta nueva propuesta, nos veremos en una difícil disyuntiva: la necesidad de solucionar la cuestión constitucional, pero la dificultad de hacerlo en el corto plazo, tras dos intentos. Las posibilidades de encontrar acuerdos para resolver esta situación estarán condicionadas por el contexto en el que, eventualmente, se produzca el fracaso del proceso en curso.

En primer lugar, debemos considerar que podríamos no tener plebiscito en diciembre. A diferencia del proceso anterior, este considera una votación final del texto por parte del Consejo, con quórum de 3/5. Esa votación debiera significar la posición definitiva de los consejeros y -más importante- de los partidos, frente a la propuesta que este órgano evacúe. No es una locura pensar que Republicanos prefiera evitar una elección con un alto riesgo de derrota, que amenace con empinar el camino de su líder hacia La Moneda. Tampoco lo es que Chile Vamos haga lo propio, ofreciéndose como una derecha distinta a Republicanos. Si este fuera el escenario, la izquierda tendrá buenos argumentos para decir que el proceso anterior fue mejor que el liderado por la derecha, ya que por lo menos logró entregar una propuesta para plebiscitar. Luego está la posibilidad, bastante cierta, de que en diciembre se imponga la opción En Contra. Esto facilitará que se instale la idea de que la ciudadanía rechaza tanto las ideas refundacionales de la pasada Convención, como las conservadoras del actual Consejo, generando condiciones para que crezca la polarización. Por último, si en el plebiscito triunfa la opción A Favor por un margen estrecho, la cuestión constitucional no quedará zanjada pese a que, en términos normativos y procedimentales, los ganadores estarán en pleno derecho de aferrarse a esa interpretación. No solo se necesita una mayoría, sino una inapelable.

Cuando en 2022 las encuestas empezaron a coincidir en un apoyo mayoritario hacia el Rechazo, se veía un camino para reencauzar el proceso, para acordar un Plan B que respetara la legitimidad del Apruebo de 2020. Hoy es muy distinto. En lo inmediato, parece inviable que un Plan C contemple nuevas elecciones. Tampoco se ve en el horizonte un acuerdo en el Congreso sobre, por ejemplo, el texto propuesto por la Comisión Experta. Salvo que las encuestas consultaran por esa alternativa y empezara a ganar adeptos, los parlamentarios tendrán un fuerte incentivo a atender las prioridades ciudadanas más evidentes. El Plan C, si es que llega a existir, será el resultado de la política contextualista, de la respuesta a los estímulos del momento en materia de opinión pública y cálculo político de cara a los próximos dos años de elecciones. De no mediar un milagro o una nueva crisis social, la cuestión constitucional quedará sin ser resuelta y sin una vía alternativa, esperando su momento para regresar en río revuelto, como es costumbre cuando se trata de discusiones esenciales.

Por Rafael Sousa, Socio en ICC Crisis, Profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP